IU reclama endurecer el acceso a donaciones y condonaciones en la futura ley de financiación de partidos

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV, pretende "endurecer" el contenido de la Proposición de Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos que se tramita en el Congreso y cuyo plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogado hasta el próximo 1 de febrero.

Tras quedar "zanjada" la denuncia política hecha en su día sobre la verdadera autoría de esta proposición de ley orgánica, Izquierda Unida se considera "especialmente responsable" en la tramitación de esta iniciativa, que fue elaborada por IU en la pasada legislatura y que entonces fue rechazada su toma en consideración por la mayoría absoluta de la que gozaba el PP, "algo superado en la actual y que está permitiendo la presente tramitación, aunque haya sido presentada en nombre de otro grupo parlamentario".

IU instó a endurecer el control en relación tanto al dinero público como el proveniente de otras fuentes que reciben las formaciones políticas, al tiempo que recordó su "autoridad moral y política" que le da el hecho de no haber recibido condonaciones de los bancos, tal y como reflejan los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas, "frente a los casi 18 millones de euros 'ahorrados' por este concepto por el PSOE o los casi 3 millones del PP, tan sólo entre 1993 y 2002".

Izquierda Unida contabilizó en este periodo unas donaciones que no llegaron a 300.000 euros, frente a los 17,5 millones de euros del PP, los más de 12 millones de CiU o los casi 2 millones del PSOE.

El sistema de financiación de los partidos es un "factor esencial" para garantizar la eficacia del sistema democrático, en su opinión, al ser aquellos instrumentos fundamentales para la participación política y expresión del pluralismo y la voluntad popular.

"El ejercicio de la soberanía popular exige su férreo control, que debe corresponder en última instancia al ciudadano, por lo que es necesario establecer las garantías y medios precisos para que el sistema de financiación no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder", estimó.

La "filosofía" de la presente Ley Orgánica se basa en la convicción de que la libertad en el ejercicio de su actividad de los partidos, proclamada constitucionalmente, "quedaría empañada si se permitiera como fórmula de financiación el modelo de liberalización total".

"De ser así, siempre resultará cuestionable la influencia que, en una determinada decisión política haya podido ejercer un 'patrocinador' del partido, en demérito de los electores o, incluso, de los afiliados al mismo, cuyos motivos o intenciones raramente coinciden", hizo hincapié IU.

En este contexto, subrayó que se atribuye al Estado la garantía del acceso de los partidos a operaciones de crédito para gastos electorales, en condiciones no discriminatorias, de modo que no se conviertan las entidades bancarias en elementos de "distorsión de la voluntad popular".

"Creemos que de cualquier modificación de las condiciones de la deuda con las entidades de crédito se debe dar cuenta al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. En el caso de condonación de deudas o de intereses será preceptivo los informes previos del Tribunal de Cuentas (en ámbito de las Comunidades Autónomas, los organismos de control de cuentas externo autonómicos), y del Banco de España.

Por ello, la cuestión de la financiación de los partidos debe considerar los límites del gasto electoral como "pieza esencial" de la propuesta. "Cabe proponer una racionalización y reducción de los gastos partidistas en las campañas electorales, cuyo cumplimiento debe incentivarse", aseveró.

En lo que se refiere a la financiación privada ha de conllevar mayores límites, así como más y mejores mecanismos de control y publicidad. "También es necesario incrementar la transparencia de la actuación de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores prohibiendo las donaciones privadas anónimas", añadió.

Por último, instó también a establecer las obligaciones contables y de control y fiscalización derivadas de la posibilidad de los partidos de utilizar recursos públicos, y las sanciones derivadas de su incumplimiento. "Aquí también debe aumentar la capacidad investigadora del Tribunal de Cuentas -incluso con la facultad de inspección de cuentas bancarias- y su capacidad auditora", concluyó.