IU siente que Chaves ceda a presiones de empresarios y avisa que flexibilidad en Plan de Territorio aumentará corrupción

Actualizado: martes, 5 diciembre 2006 13:44

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida lamentó hoy que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, empiece a ceder a las "presiones" de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) al anunciar que aplicará el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) "con un margen de flexibilidad" en los casos que sea necesario para que "ningún proyecto de interés general se quede sin suelo" y advirtió de que dejar abierta posibilidades de interpretación de la norma "no harán más que aumentar la corrupción y el favoritismo".

El diputado de IULV-CA Ignacio García aseguró que Chaves dio ayer "las primeras muestras de rendición de la Junta ante las presiones de a la patronal", ya que puso de manifiesto que su discurso ante el Comité Director del PSOE-A "abrió la puerta a la interpretación ambigua e interesada de esta normativa, con lo que quedaría totalmente desvirtuado su objetivo de acabar con el crecimiento urbanístico desmesurado mediante la imposición de criterios generales sobre el aumento poblacional y de suelo residencial".

En un comunicado remitido a Europa Press, García lamentó que el presidente andaluz haya hablado de desarrollo sostenible "sin explicar qué entiende por ello" y que junto a este concepto haya introducido la posibilidad de excepciones en el cumplimiento de una normativa urbanística "de tanto calado", ya que se mostró convencido de que "las excepciones en el cumplimiento de una norma están llamadas inexorablemente a la corrupción, la subjetividad y el favoritismo hacia determinados ayuntamientos y/o empresarios".

En este sentido, el diputado de IULV-CA recordó que la resolución del Parlamento es "vinculante" para el POTA, por lo que defendió que "no puede dejarse al libre albedrío de las excepciones que estimen convenientes los distintos los delegados provinciales o las consejerías". A su juicio, la normativa debe ser "suficientemente clara y explícita para que nadie pueda interpretarla subjetivamente según le interese", ya que considera que, en caso contrario, "empeoraría con toda seguridad la dramática situación de corrupción que vive Andalucía al favorecer nuevos escenarios de presiones a alcaldes o funcionarios".

García también expresó su rechazo a la posibilidad de establecer excepciones en el cumplimiento de estas limitaciones urbanísticas atendiendo al interés público anunciadas ayer por Chaves, ya que puso de manifiesto que "la experiencia ha demostrado que este concepto es demasiado abierto y que con frecuencia se ha utilizado con fines partidistas".

"CERRAR LA PUERTA A LA SUBJETIVIDAD"

Tras señalar que "aún no se conocen los términos exactos de este decreto urbanístico porque no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)", el diputado de IULV-CA subrayó la importancia de que la resolución parlamentaria en la que se basa sea desarrollada por el Gobierno andaluz "mediante reglamento o normativas que dejen cerrada la puerta a cualquier tipo de subjetividad en su cumplimiento".

"El temor a esta interpretación subjetiva sobre estas restricciones en la construcción de viviendas no es infundado" explicó García, que señaló que varios alcaldes del PSOE en la comarca de Janda "presumen de haber obtenido" de la Consejería de Obras Públicas y Transportes la confirmación de que pasadas las elecciones municipales sus proyectos urbanísticos seguirán su curso, "a pesar de que incumplen los parámetros de crecimiento establecidos por el POTA".

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, garantizó ayer, durante la reunión del Comité Director del PSOE-A, que la administración autonómica aplicará el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) "con un margen de flexibilidad" en los casos que sea necesario para que "ningún proyecto de interés general se quede sin suelo" para su desarrollo y reprochó a la CEA que haya caído en "el catastrofismo y los anuncios apocalípticos" sobre los efectos que tendrá para la economía de la comunidad las limitaciones al crecimiento urbanístico del 40 por ciento en suelos y del 30 por ciento en población en ocho años que establece el POTA.