IU ve "insuficiente" desclasificar documentos del 23-F y urge a Sánchez a aprobar una nueva Ley de Secretos

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   MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

   El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha tachado este lunes de "insuficiente" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar documentos oficiales de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, pero le ha urgido a aprobar antes de que acabe la legislatura una nueva Ley de Secretos.

   Este 23 de febrero de 2026, coincidiendo con el 45 aniversario del 23F, el presidente ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado.

   Un anuncio que Maíllo considera "una buena noticia" aunque "insuficiente" porque, a su juicio, lo que hace falta es aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales y hacerlo antes de que culmine la actual legislatura.

ACABAR CON LA LEY INFAME DE 1968

   El dirigente de IU ha comentado que si él hubiera sido presidente, ya habría desclasificado esos documentos oficiales. Aún con todo, sostiene que lo importante ahora es aprobar una nueva norma que supla "la ley infame de secretos oficiales del franquismo de 1968".

   "Ya era hora que se desclasificara esta documentación", ha celebrado también el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, en declaraciones a los periodistas, si bien ha recalcado que, aunque es "una buena noticia", IU no comparte que las desclasificaciones se vayan haciendo "por trozos, aleatoria o arbitrariamente".

   Dado que ya ha habido intentos sin éxito de reformar la Ley de Secretos Oficiales, Santiago ha llamado a todas las fuerzas políticas democráticas a que se active la tramitación de la ley "con urgencia" porque "la democracia requiere transparencia" y porque hay "demasiados asuntos" en España que impiden abrir investigaciones judiciales o acceder a archivos precisamente por una ley "absolutamente anticuada".

   El dirigente de IU sostiene que si la Ley de Información Clasificada se hubiera aprobado en la legislatura anterior, hoy toda la información del 23-F estaría "absolutamente desclasificada". Y aunque ha puesto en valor el anuncio de Sánchez, ha insistido en que ésta es "una cosa muy seria", que tiene que ver "con la transparencia, con la calidad de la democracia" y que, por tanto, "no puede irse haciendo por trozos para buscar titulares".

   Preguntado sobre qué esperan encontrar en esa documentación relativa a la intentona golpista, Santiago ha señalado que todos los historiadores y los investigadores "siempre" han dejado claro la "connivencia" que hubo entre altos aparatos del Estado en el momento del 23-F, así como en el papel que jugado por el ahora Rey emérito, Juan Carlos I, "que tardó aproximadamente seis horas en salir a oponerse al golpe de Estado".

   Para Santiago, es "un necesidad democrática" que toda España conozcan quiénes prepararon lo que fue "el mayor atentado contra la democracia" desde la muerte del dictador Francisco Franco pese a que, 45 años después, será "prácticamente imposible" dar cuenta ante la justicia de todos los responsables de esta conspiración militar porque en algunos casos "muchos habrán fallecido" y en otros será "delitos prescritos"

   La reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales es una antigua reivindicación de varios partidos, entre ello el PNV, que ha presentado en las últimas legislatura pero que siempre se ha quedado durmiendo en un cajón debido a las continuas ampliaciones de los plazos de enmiendas.

   Mientras la iniciativa de los nacionalistas sigue en un cajón, el Consejo de Ministros aprobó el pasado verano su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, una norma impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que se envió también al Congreso para su tramitación parlamentaria y que también está 'congelada'.

FUNDAMENTOS DE LA LEY DEL GOBIERNO

   El proyecto del Gobierno garantiza el deber del Estado de clasificar la información sensible que pueda afectar a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana, pero también lo hace compatible con el derecho a la información y la transparencia.

   El proyecto de ley establece, además, de forma clara que la clasificación de información tendrá carácter excepcional, debiendo estar debidamente motivada, y estipula que la relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

   Recoge el principio de desclasificación automática y pone plazos en función del nivel de secreto de los documentos. Así, la información clasificada como "Secreto" se desclasificará pasados treinta y cinco años y solo será prorrogable diez años más, también de forma excepcional y motivada; en total, 45 años, que precisamente son los que se cumplen de la intentona golpista del 23-F de 1981.