Apela a la "responsabilidad" de las partes para poner fin a una huelga de "perjuicios inasumibles"
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha apelado a la "responsabilidad" del Ministerio que dirige Pilar Llop y de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para que lleguen a un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida que el colectivo comenzó el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales, aunque al mismo tiempo ha reprochado a las partes su conducta, a Justicia que haya ignorado a los LAJ durante "casi un mes" y a los huelguistas el "daño" a la Justicia.
"Llamamos a la responsabilidad de los implicados en una situación que se demora en exceso y genera unos perjuicios inasumibles en un servicio ya de por si deteriorado", ha dicho JJpD en un comunicado.
Además, ha advertido de que "llueve sobre mojado", por lo que "este nuevo golpe puede ser la gota que colma el vaso de un servicio público que se resiente por deficiencias estructurales de la Justicia en España y que permanecen ajenas a este conflicto y a cualquier consideración que se plantea en el mismo".
La asociación progresista ha criticado al Ministerio que en esta coyuntura "se ha limitado, durante casi un mes, a ignorar ostensiblemente las reivindicaciones de los Letrados de la Administración de Justicia dilatando en exceso la búsqueda de una solución que no hace sino agravar el conflicto todavía más".
"La huelga que los Letrados de la Administración de Justicia mantienen las últimas semanas es la manifestación de un derecho reconocido constitucionalmente que debe ser amparado y respetado", ha sostenido.
No obstante, ha añadido que "igualmente deben ser respetados y cumplidos los servicios mínimos que garantizan actuaciones inaplazables cuya suspensión ocasiona perjuicios irreparables a la ciudadanía".
Para JJpD, "la Justicia está viéndose dramáticamente afectada por la huelga", por lo que considera que "no debería irse más allá de la paralización y el retraso generando daños adicionales e innecesarios a los ciudadanos, como es provocar desplazamientos innecesarios de los intervinientes en actuaciones suspendidas".
A su juicio, "este daño y estos costes son, además de superfluos y gratuitos, un menoscabo para quien menos responsabilidad tiene en la situación y quien, al final, soporta la misma".
"La huelga conlleva una responsabilidad que, en nuestra opinión, implica la obligación de advertir con antelación de la misma para evitar situaciones que toman al ciudadano sujeto a la acción de la Justicia, y que no tiene otra alternativa posible, como una herramienta de presión", ha indicado.
En este sentido, ha denunciado que "los perjuicios adicionales, voluntariamente generados, a la dilación del procedimiento, no se encuentran amparados en un razonable entendimiento del derecho de huelga en una función del Estado con vocación de servicio público insustituible por definición y a la que los ciudadanos no acuden por voluntad, sino por necesidad".
HABLA DE "ANACRONISMO"
En concreto, JJpD se ha hecho eco "del estupor que provoca que quien no interviene en la celebración de las actuaciones judiciales, dando fe del contenido de una grabación garantizada por un programa informático difícilmente manipulable, pueda provocar la suspensión".
"Otro tanto acontece con las notificaciones judiciales por LexNet. Un programa informático garantiza las mismas y, sin embargo, quedan demoradas por cuestiones de mera forma", ha lamentado.
JJpD ha señalado que, "en los tiempos del expediente electrónico y la firma digital, mantener vigentes previsiones decimonónicas constituye un anacronismo cada vez más evidente y que no hace más que ponerse en evidencia en situaciones excepcionales como la presente".
La asociación judicial ha subrayado que "el precio que los ciudadanos pagan por este desfase entre la realidad y la norma debería valorarse como inasumible por una sociedad que aspira a la eficacia y la eficiencia como conducta de los poderes públicos, entre ellos el Poder Judicial".
"NO ES ACEPTABLE" QUE QUIERAN EQUIPARARSE A JUECES Y FISCALES
Por otro lado, ha apuntado que, si bien le parecen "respetables" las reclamaciones económicas y de otro tipo de los LAJ, "lo que no es aceptable es que pretendan ligarse a las retribuciones de la carrera judicial y fiscal".
"La llamada 'cláusula de enganche' merece nuestro expreso rechazo. Confunde las responsabilidades y funciones del Poder Judicial con la de un Cuerpo Superior de la Administración del Estado. Una comparación, para ser tal, debe hacerse entre términos homogéneos. Si no se produce así, se cae en la incoherencia o la pura arbitrariedad", ha avisado.
Así, ha expuesto que "la labor y funciones de jueces y magistrados no son equiparables a la de los Letrados de la Administración de Justicia ni en el fondo ni en la forma". "No son ni mejores ni peores. Son distintas", ha enfatizado.
A este respecto, ha argumentado que "tan injusto es tratar desigual a quien es igual como equiparar a quienes no son iguales, sea esa equiparación total o parcial". "Como cuerpo superior tienen unas funciones propias y distintas que no pueden ni deben ser evaluadas en comparación, sino con la autonomía de quien tiene sustantividad y funciones diferenciadas que no suponen parcialidad respecto de las funciones judiciales", ha concluido.
