SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jun. (EP/IP) -
El ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Francisco, intentó desvincularse hoy del denominado 'caso Amorós' al recordar que no dirigía el departamento en 2002, fecha en la que la Audiencia de Cuentas de Canarias detectó una serie de infracciones legales a la normativa vigente en su informe de fiscalización a la Dirección General del Tesoro.
José Carlos Francisco, que hoy compareció en la comisión de investigación que investiga el alcance de estos hechos, indicó al comenzar la sesión que desconocía el informe, así como las posibles infracciones legales a la normativa vigente que pudo haber suscitado. "El informe se refiere al ejercicio de 2002 y yo dejé de ser consejero tres años antes" dijo Francisco, quien aseguró que si lo hubiera recibido habría presentado entonces su batería de alegaciones como es preceptivo.
El ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias entre 1995 y 1999 respondió, a una pregunta solicitada por el diputado del grupo parlamentario socialista, José Alcaraz, que el nombramiento de Miguel Amorós como director general del Tesoro durante su legislatura fue una decisión del Ejecutivo que contó con su beneplácito, aunque matizó que no depende del consejero la designación para este cargo, sino al Gobierno regional.
Alcaraz pidió que aclarara a la comisión si fue informado de la existencia de unos trabajos de Andersen Consulting para la mejora de la gestión de la Dirección General del Tesoro, que data de 1997. Dato que "no recordaba", aseguró José Carlos Francisco, aunque sí que esa consultora realizó trabajos de mejora en los procedimientos. "No recuerdo, de todas formas, que la inspección general de servicio realizara una operativa de gestión a la dirección general del Tesoro, y si lo solicitó y se le denegó debe estar por escrito", dijo.
El diputado parlamentario del grupo socialista cuestionó que los trabajos de Andersen Consulting carecieran de contratos con la Administración, contratos que, según José Carlos Francisco, se hizo en base a uno anterior de patrocinio que fue firmado con las entidades financieras. "La situación fue legal, porque si no hubiera sido así no lo habría aprobado", dijo el ex consejero, quien recalcó que la decisión estuvo ajustada a derecho.
Francisco tampoco consideró excesivo el elevado número de cuentas bancarias con que disponía la dirección general del Tesoro, 280 en total, "siempre que existiera el control financiero adecuado", aunque para Alcaraz "menos cuentas hubiera mejorado el control, ya que las depuraciones tenían que haberse realizado anualmente". José Carlos Francisco explicó que en aquellos años la consejería funcionaba de una manera relativamente colegiada y los asuntos eran conocidos por todos los directores generales aunque la responsabilidad final recaía en el consejero.
José Alcaraz preguntó sí estaba al tanto del conflicto suscitado en el Tesoro, órgano que consideró que no era su responsabilidad el control de las depuraciones de las conciliaciones bancarias, a lo que el ex consejero respondió que es "moneda corriente" que estas situaciones se produzcan en las administración. El PSC insistió en si tenía conocimiento de que se estaba produciendo, a lo que Francisco respondió que no, aunque tampoco "me parece extraña ni anómala". Alcaraz concluyó que, precisamente, el problema "es que esa discrepancia conllevó a que no hubiera control de las depuraciones de las cuentas bancarias", por lo que la posición de la dirección general del Tesoro es que no quería que se le controlara.
"La Audiencia de Cuentas dice que hubo obstrucción, así que me sorprende que no supiera nada. El informe señala que los depósitos bancarios podían haber sido más beneficiosos para la Comunidad Autónoma, pero que se hizo "manifiestamente insuficiente". José Alcaraz preguntó si conocía esta situación, y si estaba de acuerdo con la respuesta expresada por el ex director general de que no estaba obligado legalmente. José Carlos Francisco esquivó responder, alegando que desconocía la repuesta dada por el anterior director general.
Tras la ronda de preguntas del grupo socialista le correspondió intervenir al PP, quien acusó por boca de su portavoz, Jorge Rodríguez, al ex consejero de Economía y Hacienda de faltar al respeto a Parlamento de Canarias y a la Audiencia de Cuentas al reconocer que no había leído el informe, "lo que invita a que la Audiencia tenga un papel más destacado en el Estatuto de Autonomía." José Carlos Francisco, que se quejó de que se le faltara el respeto, resaltó que no se dedica a la función pública desde hace seis años y reiteró que el informe data de 2002.
Respecto al nombramiento de Miguel Amorós como responsable del Tesoro explicó que se produjo "porque hubo una reunión en la que se plantearon posibles personas para ocupar puestos de responsabilidad, y Amorós estaba entre ellos porque ya entonces era una persona con vinculaciones en la isla de Gran Canaria y activo en política, y como tenía experiencia en materia financiera y bancaria se creyó oportuno que formara parte de Economía y Hacienda, donde se propuso su nombramiento a la dirección general."
Negó que durante su etapa al frente de la Consejería detectara "algún tipo de anormalidad en el funcionamiento de la dirección general" pese a que en el informe, apuntó el popular Jorge Rodríguez, se menciona "de la existencia de un menoscabo a las arcas públicas por la deficiente gestión de la dirección general." José Carlos Francisco respondió que le sorprendía algunos de los términos utilizados en el informe, muchos de los cuales son ambiguos, apuntó.
El PP lamentó que su intervención no disipara las dudas y pidió conocer si en su etapa de consejero se le requirió mayor dotación humana y técnica ya que el informe de la Audiencia de Cuentas destaca la contratación de entidades exteriores para la elaboración interna de aspectos que, entiende, son administrativos. José Carlos Francisco contestó que la subcontratación de servicios en la administración pública es sana.
No compartió la valoración del informe de la Audiencia de Cuentas en la que, según Jorge Rodríguez, se califica la gestión que hoy se investiga de no realizar conciliaciones bancarias y exceso de cuentas corrientes sin aprovechamiento financiero para las arcas públicas. También de contrataciones repetitivas "de dudosa legalidad y nula utilidad pública".
Por último, el diputado del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, preguntó al ex consejero si en algún momento se le informó de que el convenio podía ser ilegal y que dio origen al acuerdo suscrito entre el Gobierno de Canarias y las entidades de crédito, firmado en marzo de 1996. Francisco explicó que se trató de un convenio público que personalmente firmó porque contaba con "todos los parabienes jurídicos".
