Tanto la acusación particular como la defensa solicitaron que se prorrogase el internamiento cautelar
El fiscal coordinador de menores considera que el juicio se celebró con la "máxima celeridad para respetar las garantías legales"
OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El joven que mató a su tía e hirió a su abuela en un piso de la calle Félix Aramburu de Oviedo y que ayer salió del centro de menores de Sograndio tras agotarse el plazo de nueve meses previsto para el internamiento cautelar, permanecerá en libertad vigilada los "tres o cuatro meses" que puede tardar en resolverse el recurso que la defensa deberá presentar antes del lunes.
En declaraciones a los periodistas, el fiscal coordinador de menores, Jorge Caldevilla, explicó hoy que el juez aceptó la petición de la Fiscalía e impuso al joven las medidas cautelares de libertad vigilada y prohibición de aproximarse a su abuela a menos de 1.000 metros de distancia. Además, no podrá comunicarse con ella.
Según señaló, el joven permanecerá en el domicilio paterno sometido a un "seguimiento periódico" para garantizar la continuidad del tratamiento educativo y psicológico que recibía en el centro de menores de Sograndio, donde permanecía internado desde el pasado mes de febrero.
Caldevilla admitió que su puesta en libertad puede resultar "curiosa", pero señaló que se trata de una decisión adoptada conforme a la legalidad, porque la ley de menores no permite la medida del internamiento cautelar por un periodo superior a nueve meses. Indicó que el plazo, que no se había cumplido el día de la vista oral -los pasados 19, 20 y 21 de octubre-, venció la mañana de ayer.
El joven fue juzgado en Oviedo por matar a su tía, de 49 años, y apuñalar a su abuela, de 84, el 10 de febrero en el sexto piso del número 5 de la calle Félix Aramburu, de la capital del Principado. El magistrado le consideró responsable de un delito de asesinato y de otro de homicidio en grado de tentativa. Hasta el día de ayer, y pese a ser ya mayor de edad, permanecía internado de forma cautelar en el centro de menores de Sograndio.
El fiscal recordó que el Juzgado de Menores impuso al joven las medidas de ocho años de internamiento en régimen cerrado y tres más de libertad vigilada reclamadas por la Fiscalía y que "rayan el máximo permitido por la ley de menores".
A su juicio, conseguir finalizar la instrucción y celebrar el juicio dentro del plazo previsto de los nueve meses es actuar con celeridad, porque "los análisis llevan su trámite" y la rapidez "no puede suponer un perjuicio para el derecho a la defensa".
Asimismo, consideró que la Ley de Menores no es demasiado "garantista", aunque sí susceptible de mejoras. En este sentido, explicó que la última reforma, de 2006, incrementó de los seis a los nueve meses el periodo máximo de internamiento cautelar para menores, que en el caso de los adultos puede prolongarse hasta los cuatro años.
Destacó, por otra parte, que tanto la acusación particular como la propia defensa solicitaron que se prolongase el internamiento cautelar del joven mientras se resolviese el recurso y aclaró que, incluso en ese caso, los límites que fija la ley "no son renunciables".
