MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) se mostró hoy favorable a la posibilidad de aplicar la Ley de Partidos Políticos a formaciones con signo ultraderechista para su ilegalización, aunque reconoció la dificultad práctica de este supuesto al no figurar en sus estatutos la finalidad ilícita de sus actividades.
El portavoz de la asociación, Miguel Ángel Gimeno, se refirió así a los llamamientos de diferentes organizaciones en defensa de los inmigrantes para ilegalizar partidos xenófobos después del enfrentamiento protagonizado ayer por individuos que iban a la manifestación convocada por Democracia Nacional bajo el lema 'Contra el Racismo Antiespañol, Contra la Inmigración' y un grupo de antifascistas, en cuyo transcurso un menor de 16 años fue asesinado.
Al respecto, Gimeno manifestó a Europa Press que sería "obvio" aplicar esta ley cuando el partido en cuestión cumpla los requisitos fijados por la normativa para ello, si bien puntualizó que "el problema radica en que en los estatutos de estos grupos no están fijados de manera expresa sus fines ilícitos".
"Aunque la ley tiene que ser igual con todos los partidos, en este caso existe cierta dificultad práctica", reconoció el portavoz de JpD, que insistió en que "esta posibilidad sería viable visto el comportamiento de algunos grupos ultraderechistas".
En cualquier caso, Gimeno instó a la Delegación de Gobierno en Madrid a que valore el comportamiento habitual de este tipo de formaciones xenófobas a la hora de tomar una decisión respecto a la manifestación convocada para el próximo sábado en contra de la inmigración.
CONTRA LA VIDA
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, eludió hacer cualquier comentario acerca de la aplicación de la Ley de Partidos en estos casos, al entender que ello corresponde a la Sala del 61 del Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.
No obstante, García consideró de "extraordinaria gravedad" los hechos ocurridos ayer por "atentar contra el bien jurídico de la vida de una persona por razones ideológicas y racistas". "Estos hechos son difícilmente digeribles en una sociedad democrática como la nuestra", apostilló.
"En este caso tiene que recaer el peso de la ley sobre los responsables con el máximo respeto a sus derechos fundamentales", apuntó el portavoz de la APM, a quien los citados enfrentamientos le provocan "una sensación de repugnancia extraordinaria".
