MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La asociación judicial Jueces para la Democracia (JpD) apoyó hoy en un comunicado el proyecto de Ley de la Memoria Histórica, para "restituir la dignidad a las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista", aunque solicitó que contemple algún mecanismo para anular las sentencias dictadas por los consejos de guerra y por las jurisdicciones especiales del franquismo.
Tras manifestar su apoyo a la iniciativa legal y subrayar la importancia de "reivindicar la recuperación de nuestro pasado reciente" y "aceptarlo al margen de los resentimientos", JpD señala algunos de los aspectos de esta ley, como la impugnación de los juicios especiales franquistas, que considera que deberían ser modificados durante su tramitación parlamentaria.
Así, la asociación entiende que, a pesar de las "dificultades de configuración jurídica", la ley debería recoger "algún tipo de procedimiento" que contemple la impugnación o anulación de las condenas de los consejos de guerra y las jurisdicciones especiales franquistas, ya que "no se pronunciaron como tribunales en el marco de actuaciones jurisdiccionales, sino como órganos de excepción, constituidos como un elemento añadido en el conjunto de la ejecución de tareas represivas".
Además, añade JpD, "no se debe olvidar que, para las víctimas que sufrieron condena, la rehabilitación más significativa sería la anulación de las resoluciones injustas que se dictaron en procesos sin garantías".
SÍMBOLOS FRANQUISTAS EN INSTITUCIONES RELIGIOSAS
La asociación también solicita la retirada de símbolos de la dictadura en "todo el ámbito público", incluyendo "las instituciones religiosas financiadas con fondos públicos" o el Valle de los Caídos, que entienden que debería convertirse en "un museo de las libertades". Además, pide que la ley vaya "más lejos de la mera recomendación" de retirar esta simbología, salvo cuando afecte a "conjuntos históricos artísticos o supongan un valor divulgativo de la memoria democrática".
También insta a que sea la Administración Pública, y no los familiares de las víctimas, la que costee la exhumación de las fosas comunes, pues las familias no tuvieron "ninguna responsabilidad en los execrables crímenes cometidos durante la guerra y la posguerra". Además, considera que debería "regular de manera más efectiva" la averiguación de las violaciones de derechos humanos que se cometieron, por lo que "no resultan apropiadas las restricciones que se observan en el proyecto" para que los interesados y los familiares puedan acceder a la documentación existente.
Por otra parte, la declaración de reparación individualizada prevista se formula "con un carácter tan simbólico que puede quedar reducido a una mera manifestación retórica", sin que quede constancia de "los elementos esenciales de las violaciones de los derechos humanos que se llevaron a cabo".
A pesar de estas recomendaciones, JpD se manifiesta favorablemente respecto a la ley, ya que considera que es "el momento en que debemos honrar y recuperar a todos aquellos que padecieron la violencia y la injusticia, tanto en la contienda como en la posterior represión franquista". También apuesta por "reivindicar la recuperación de nuestro pasado reciente, aceptarlo al margen de los resentimientos, como paso esencial para conocernos y aprender de nuestros errores".
"Resultaría de difícil explicación nuestro silencio sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el franquismo en nuestro propio país, en abierta contradicción con la postura que hemos mantenido en JpD de denuncia de hechos semejantes en otros países en tiempo presente (como las violaciones de derechos humanos o derivadas de conflictos bélicos en Oriente Medio) o pertenecientes al pasado (como las referentes a las dictaduras de Argentina, Guatemala o Chile). La construcción colectiva de un país debe hacerse sobre el conocimiento de su historia y nunca desde el olvido", concluye la asociación.
