MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado la "incapacidad" del Ministerio de Justicia para promover una reforma estructural del proceso penal y ha advertido del "fracaso" que supone la "tardía" presentación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Éstas son algunas de las conclusiones dadas a conocer este lunes que se han alcanzado en el 26 Congreso de Jueces para la Democracia, celebrado desde el miércoles hasta el viernes en Albacete. En este contexto, JpD ha reclamado la "legitimidad" de la judicatura y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para proponer iniciativas en el ámbito de las reformas legislativas y ha criticado "la pretensión monopolizadora" que pretende, en su opinión, ostentar la Fiscalía.
Bajo el lema 'Nuevos retos ante la crisis', los jueces han mostrado en el Congreso su "preocupación" por la "ausencia de voluntad política" en aprobar una "necesaria" reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sea respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia y que permita que los acusados declaren sentados, sin grilletes, junto a sus abogados y asistidos con intérpretes debidamente cualificados que los informen en todo momento del contenido del debate procesal.
"Proponemos que se prevea expresamente la necesidad de que la declaración del acusado se produzca en el momento final del juicio sin obligar a declaraciones realizadas en el vacío de desconocer el resultado del resto de medios probatorios", afirmaron en el Congreso.
NO SE PUEDE ACALLAR EL 15-M
La asociación ha alertado también de la "constante presión mediática" que sufren los jueces y magistrados y del "recorte de inversión pública" acometido en ámbitos fundamentales como la sanidad, la enseñanza y la justicia.
Ante la "creciente desigualdad social", ha advertido de que no se puede acallar la "explosión ciudadana" que ha supuesto el movimiento 15-M. En este sentido, ha abogado por dar un mayor protagonismo a los ciudadanos en la toma de decisiones.
En relación con la política migratoria, ha subrayado que las administraciones públicas tienen la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud y la educación de todas las personas y ha criticado los controles policiales de identidad de ciudadanos basados en "perfiles étnicos o raciales", que son contrarios a "los derechos básicos más elementales".
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