MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado que el Gobierno está preparando una Reforma Integral de los Registros que supondrá una "intensa privatización" del Registro Civil y obligará a los ciudadanos a pagar aranceles por obtener certificados a los registradores de la Propiedad y a los Registradores Mercantiles.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha explicado que el anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros propone un "cambio sustancial" de los registros civiles, que "dejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los Registradores de la Propiedad y de los Registradores Mercantiles" mientras que determinados trámites se reservarán a los notarios.
Para la asociación, esta reforma perjudicará la mayoría de la población y beneficiará a corporaciones que "han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada".
Hasta ahora el Registro Civil se concebía como un servicio público de carácter gratuito, financiado con los impuestos de toda la sociedad, explica Bosch, para advertir de que la nueva ley contempla que los ciudadanos paguen aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil a los Registradores de la Propiedad y a los Registradores Mercantiles.
Además, pagarán a los notarios que tramiten y celebren matrimonios civiles. "El esfuerzo del Gobierno por desmantelar lo público llega en estos casos a soluciones extravagantes, como el hecho de que se atribuya la gestión de procedimientos sobre el estado civil de las personas a profesionales con un perfil muy alejado a dicha materia, como los Registradores de la Propiedad o los Registradores Mercantiles", agrega.
INVERSIÓN DE DINERO PÚBLICO APROVECHADA PARA LA GESTIÓN PRIVADA
Además, ven "contradictorio" que se hayan invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles y que, ahora, el Gobierno "aproveche" esta mejora para asignarla a la "gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores". "Ello supondrá un gravamen económico para la ciudadanía y solo reportará beneficios a determinados colectivos profesionales", avisan.
En una situación de creciente marginación y exclusión social, la asociación judiciales advierte de que se corre el riesgo de que una parte de la población no proceda a la inscripción de los nacimientos, por no poder abonar las cuantías económicas.
"Al igual que ha ocurrido con las tasas judiciales, nos encontramos ante un nuevo ataque a la administración de justicia como servicio público", concluye el portavoz de Jueces para la Democracia, que defiende que los registros civiles sigan funcionando como un servicio público abierto a todos los ciudadanos.
