JpD dice que la decisión del TSJPV de seguir con la querella contra Ibarretxe tiene "muy poco fundamento jurídico"

Actualizado: jueves, 12 octubre 2006 14:51

BILBAO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, consideró hoy que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de abrir fase de instrucción contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por un presunto delito de desobediencia motivado por su entrevista con representantes de Batasuna tiene "muy poco fundamento jurídico".

En declaraciones a Europa Press, Tapia dijo respetar "formalmente" la decisión del TSJPV, pero reiteró que "no tiene ningún tipo de sostén desde el punto de vista jurídico, dado que resulta muy difícil o imposible cometer un delito de desobediencia a la autoridad cuando realmente el lehendakari no ha recibido una orden expresa y categórica para no reunirse con él".

Asimismo, argumentó que, "con independencia de que las personas que se reunieron con el lehendakari manifestaran que participaban como representantes de Batasuna, realmente Batasuna, desde el momento que es considerada ilegal y, por tanto, disuelta, no tiene una vigencia jurídica y, por tanto, esas personas no representan estrictamente al mundo de Batasuna, sino una sensibilidad, una ideología, por lo que el lehendakari difícilmente ha podido cometer un delito por desobediencia" en relación a la reunión con dirigentes de Batasuna.

Tapia también se refirió a las críticas por parte de los partidos políticos a la decisión del TSJPV de proseguir con la querella contra Ibarretxe y, tras afirmar que las decisiones judiciales "son siempre criticables", precisó que, en esta ocasión, "fundamentalmente, van dirigidas hacia la resolución judicial y no tanto hacia las personas".

"Es una decisión con muy poco fundamento jurídico, de ahí que sea razonable ese enfado de la mayoría de la clase política, teniendo en cuenta, además, que hay otros antecedentes jurídicos y de resoluciones judiciales que incluso en el supuesto de reunión de un cargo político con el mundo de ETA, no se comete ningún tipo de delito, por lo que parece aún más extraño desde el punto de vista jurídico incluso esta decisión", concluyó.