MALAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex asesor de Urbanismo de la localidad malagueña de Marbella Juan Antonio Roca tendrá que comparecer de nuevo la próxima semana ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, Carmen Rodríguez, para responder sobre las operaciones de enajenación de inmuebles y convenios urbanísticos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción tras la presentación de una querella el pasado mes de julio.
Así, según confirmaron fuentes judiciales, Roca ha sido citado inicialmente para los próximos jueves y viernes, días 16 y 17, después de que ya compareciera a principios del pasado mes de octubre para responder en relación a tres operaciones, aunque la querella se ha desglosado en 27 diligencias. Las fuentes indicaron que para la siguiente semana están previstas las declaraciones de testigos y de otros imputados.
En la querella, se apuntaba a Roca y al ex alcalde marbellí Julián Muñoz, ambos en prisión por su presunta implicación en el denominado caso 'Malaya', como "los artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio a unos precios muy inferiores a los del mercado" y destacaba que esta conducta se enmarca en "una modalidad de liquidación de haberes públicos" dentro de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.
Anticorrupción, que basa su acusación en el mismo informe del Tribunal de Cuentas, imputa ambos tipos penales a Muñoz en concepto de autor, mientras que a Roca como cooperador necesario. Por su parte, el tasador José Mora, también imputado en estas diligencias, habría participado en su comisión, al menos como cómplice.
En las tres comparecencias, Roca aseguró que cuando Muñoz era alcalde accidental, "quien daba las órdenes era Jesús Gil y Gil, pues la documentación se mandaba al Club Financiero". "La presión del alcalde para conseguir dinero rápido era grande", según precisó el ex asesor de Urbanismo y responsable de Planeamiento 2000 hasta que desapareció.
Según las declaraciones, a las que tuvo acceso Europa Press, Roca dijo que "en ningún momento" interfirió en la fijación del precio o valoración de los inmuebles y señaló que la concesión de la licencia inmediatamente una vez aprobado el convenio "no era" su competencia, sino "de la Comisión de Gobierno o de la Alcaldía". Insistió en que las valoraciones de los inmuebles eran libres y que los peritos tasadores "no acataban instrucciones algunas".
Respecto a los convenios de permutas, manifestó que ésta "ya venía acordada por Alcaldía", al igual que en las compensaciones, y reiteró que "el alcalde era el que tomaba las decisiones de que los aprovechamientos futuribles se permutaran por pisos o inmuebles ya edificados". Además, aunque el visto bueno a los convenios los daba Gil, supone que "lo hablaba con José Luis Sierra", abogado del Ayuntamiento a través de una asesoría externa.
Asimismo, indicó que los convenios en los que se modificaba la edificabilidad, la densidad o la tipología "eran conocidos por la Junta de Andalucía", porque se incorporaban al documento de revisión del Plan General, y precisó que antes de la revisión, "los técnicos autonómicos se desplazaron a Planeamiento y tuvieron conocimiento puntual de dichos convenios".
CASOS CONCRETOS
Respecto a la adjudicación de una vivienda a la hija del ex secretario del Ayuntamiento, negó su participación y reconoció que "pudo" haberse producido un perjuicio para las arcas municipales, ya que, según las investigaciones, se otorgó en 2000 según la tasación hecha en 1998. Rechazó que Planeamiento tuviera capacidad para intervenir en esos asuntos.
Sobre los convenios suscritos con la empresa General de Galerías Comerciales, negó tener relación social con Tomás Olivo, imputado el también el caso 'Malaya' y haber tenido implicación con los decretos de Alcaldía en lo que se adjudicaba a dicha sociedad una serie de fincas, con valoraciones realizadas en 1995. Señaló que el convenio de dación en pago "se hizo en el Club Financiero, directamente con Jesús Gil".
Por último, sobre la escritura de dación en pago suscrita entre Muñoz y la empresa Procumbre, respondió que fue una ejecución de un acuerdo anterior con Unicaja, por la deuda que el Ayuntamiento tenía con dicha entidad, y apuntó que el precio "ya estaba pactado".
