La Judicatura vasca traslada a Justicia su malestar y le recuerda que los pisos prestaban servicio a cargos públicos

BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) trasladaron el pasado martes a representantes del Departamento dirigido por Joseba Azkarraga, durante la reunión mantenida por la comisión mixta interinstitucional, su malestar por la retirada de viviendas del Gobierno vasco a cinco magistrados y fiscales, y le transmitieron que les habían sido otorgadas en un calidad de "cargos públicos".

De esta forma, rechazaron que la decisión adoptada el pasado viernes por el órgano de gobierno del alto Tribunal vasco de solicitar un informe a la Fiscalía del Estado sobre la legalidad del acuerdo adoptado por el Consejo del Ejecutivo vasco pretenda el mantenimiento de "privilegios" para miembros de la Judicatura y de la Fiscalía, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

La suspensión de la cesión de pisos propiedad del Gobierno vasco afecta al presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, a la fiscal-jefe del alto Tribunal vasco, María Angeles Montes, a la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Ana Iracheta, y a los máximos responsables del ministerio público en las Audiencia de Alava y Gipuzkoa, Jesús María Izaguirre y Jaime Goyena, respectivamente.

Pese a que el Consejo de Gobierno adoptó esta decisión el 26 de septiembre, ésta no trascendió a la opinión pública hasta que lo anunció el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, en el transcurso de una comparecencia parlamentaria celebrada el pasado 8 de octubre.

Durante la reunión de la comisión mixta interinstitucional, formada por miembros de la Sala de Gobierno del TSJPV y representantes del Departamento de Justicia, la delegación del Gobierno vasco (entre los que se encontraban el viceconsejero, Jon Sagasti, y la directora de relaciones con la Justicia, Inmaculada de Miguel) los magistrados subrayaron que las viviendas estaban destinadas a "prestar servicio" a determinados cargos públicos y lamentaron la forma en la que se dio a conocer la noticia de la retirada de los pisos.

CAUSA CONTRA IBARRETXE

Por su parte, la delegación del Gobierno vasco aseguró que la suspensión de la cesión de viviendas no tenía relación con resoluciones judiciales, en referencia al encausamiento al lehendakari, Juan José Ibarretxe, por supuesta desobediencia tras reunirse en abril con Batasuna.

Las mismas fuentes señalaron que, en el encuentro, que se desarrolló "en un tono discreto, elegante y carente de crispación", los responsables del Departamento reconocieron que, aunque el Ejecutivo llevaba tiempo pensando en adoptar esta medida, no se abordado hasta ahora por ser un tema delicado.

En este sentido, explicaron que decidieron materializarla cuando el ex fiscal jefe de la Audiencia alavesa, Alfonso Aya -que no utilizaba el piso del Ejecutivo que se le había asignado-, abandonó el cargo para trasladarse al Tribunal Supremo y solicitó la vivienda Jesús María Izaguirre.

En el encuentro estuvieron presentes por parte de la Sala de Gobierno el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Juan Luis Ibarra, el juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, el presidente de la Audiencia Provincial de Alava, Iñigo Madaria, y el juez de Balmaseda Urko Giménez Ortiz de Zarate.