Piden la implantación "urgente" de un nuevo sistema organizativo de la Oficina Judicial
MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Comité Permanente de Jueces para la Democracia (JpD) reunido la semana pasada en El Escorial (Madrid) ha redactado una resolución en la que califica de "elemento de descrédito" la política de nombramientos llevada a cabo por el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que reclama la aprobación de un reglamento que permita al órgano de gobierno de los jueces realizar sus designaciones en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido aprobado con el apoyo de 29 miembros de este Comité y 5 abstenciones.
En él se critica la "falta de capacidad para el consenso" de los vocales del Consejo, que proyecta "sensación de que la Justicia carece de visión institucional y se pierde en luchas internas de poder que entorpecen el normal funcionamiento de la renovación en puestos de responsabilidad gubernativa".
Los jueces firmantes del escrito añaden que las actuaciones en materia de nombramientos evidencian "cierto abandono" de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que deberían ser retomados mediante la elaboración de un reglamento sobre nombramientos. De este modo se superarían los problemas de "falta de transparencia y motivación" de las últimas designaciones.
Desde JpD se reclama al Consejo "una actuación distinta" a la que ahora lleva a cabo el Consejo, y que la aplicación de los nuevos principios se aplique también a la designación de letrados y otros cargos técnicos de la institución.
PRIORIDAD EN LA OFICINA JUDICIAL
Asimismo, los jueces enviaron hoy un comunicado en el que reclaman la implantación "urgente" y "efectiva" de un nuevo sistema organizativo en la Oficina Judicial al creer que el actual "no es capaz de dar respuesta adecuada" a las exigencias "básicas" del derecho a la tutela judicial.
De esta manera, la asociación de jueces asegura que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de las "principales" leyes procesales son un "requisito previo e imprescindible" para que el cambio organizativo sea posible. No obstante, reconoce que estas reformas suponen un "avance" con respecto a la situación anterior porque "marcan las bases" para una organización "más ágil y eficaz".
Así, JpD avisa de que el "éxito" del proceso de modernización de la Oficina Judicial dependerá, "en gran medida", del compromiso de "todos los implicados", de la "adecuada" inversión de medios, de la "puesta en marcha" de los mecanismos de coordinación que sean "necesarios" y de una "actitud positiva" de cambio.
"Las reformas procesales descansan sobre un principio saludable como es la separación de la gestión del procedimiento respecto de la función jurisdiccional", argumenta para subrayar que "dichas premisas no se cumplen en el ámbito penal, en el que la reforma no alcanza los objetivos que el propio Preámbulo establece", finaliza el comunicado.
