Jueces y fiscales critican que pueda exigirse el conocimiento del catalán para ejercer en Cataluña

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de jueces y fiscales coincidieron hoy en criticar, en declaraciones a Europa Press, que el conocimiento del catalán pueda exigirse para ejercer en Cataluña, tal y como el PSOE aprobó ayer con los partidos catalanes en la ponencia sobre el Estatuto.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más dura en sus críticas, anunció que pedirá explicaciones por esto al Ministerio de Justicia y no descartó, si estas explicaciones no le convencen, pedir la dimisión del titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Además, afirmaron que la APM "hará todo lo posible" para convencer a la opinión pública, a los partidos políticos y al grueso de la carrera judicial para convencer de que esta exigencia supondría "un gravísimo error".

Todas las asociaciones consultadas por Europa Press, con la excepción de Jueces para la Democracia, también denunciaron de forma unánime que esta exigencia podría dificultar la cobertura en Cataluña de las plazas vacantes con jueces de carrera.

La APM coincidió además con la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria en sospechar que permitir que esta exigencia figure en el Estatut responde al intento del Gobierno socialista de "satisfacer las reclamaciones de los partidos nacionalistas que actualmente prestan apoyo" al Ejecutivo y en criticar al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, por asegurarles que el conocimiento de las lenguas cooficiales nunca iba a ser contemplado como un requisito para el ejercicio de la jurisdicción en las comunidades con lengua cooficial, sino que sería tratado como un mérito.

Por otra parte, Jueces para la Democracia, a través de su portavoz, Edmundo Rodríguez, manifestó que para esta agrupación "no es aceptable" establecer como "requisito" el conocimiento del catalán para ejercer, aunque precisó que consideran que "es necesario avanzar para facilitar el reconocimiento" del derecho de la opción lingüística de los ciudadanos de comunidades con lenguas cooficiales, ya que existen quejas de los ciudadanos con respecto a que no siempre han podido utilizar con naturalidad en los tribunales el idioma que han elegido.

DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD

El portavoz de la APM, Antonio García, que calificó de "profundamente negativa", "disparate" y "mayúscula sorpresa" introducir esta exigencia en el Estatut catalán, consideró además "inconstitucional" que un estatuto pueda exigir a jueces, magistrados, fiscales, notarios y registradores de la propiedad que quieran prestar sus servicios en Cataluña "un conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales".

García explicó que esto sería inconstitucional porque se estaría legislando en el Estatuto catalán "materia propia de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y porque "no se puede imponer a los miembros de un cuerpo único y nacional para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales la obligación o el deber de conocer una lengua cooficial".

Además, añadió que ese deber "no se deduce de ninguna manera de lo establecido en el artículo 3 de la propia Constitución española y de la doctrina del propio Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar dicho precepto" y consideró esa obligación "absolutamente disparatada" ya que si se exigiese a todos los jueces en las comunidades con lenguas cooficiales el conocimiento de éstas no habría candidatos suficientes para cubrir todas las plazas.

Asimismo, vaticinó que el establecimiento de una obligación así "produciría un auténtico caos" en la Administración de Justicia que "perjudicaría de forma gravísima al conjunto de los ciudadanos".

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, a través de su portavoz, Juan Pedro Quintana, consideró "de dudosa constitucional" la exigencia para el personal de la Administración de Justicia en Cataluña de conocer el catalán.

Quintana también advirtió de que introducir este deber en un Estatuto es invadir el ámbito de competencias reservada a la Ley Orgánica del Poder Judicial y criticó que se argumente la necesidad de esta obligación en la garantía del derecho de opción lingüística de los catalanes, que, bajo su punto de vista, "ya está garantizado", debido a que en la actualidad cualquier catalán puede dirigirse a los tribunales en catalán, ya que hay sistemas de traducción.

FISCALES

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Esteban, señaló que esta agrupación ve "inadecuado" exigir el conocimiento del catalán para ejercer en Cataluña porque limitaría el acceso a determinadas plazas a algunos profesionales, aunque se manifestó a favor de fomentar el uso de las lenguas cooficiales y precisó que evitarán pronunciarse de forma oficial hasta conocer directamente el contenido del Estatut en esta materia.

Por su parte, el presidente portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco, también se mostró contrario a pedir como rquisito, y no sólo como mérito para ejercer en Cataluña, un conocimiento adecuado del catalán y advirtió de que supondrá "una ruptura de lo que debe ser un régimen jurídico unitario de un cuerpo del Estado", además de que podría "agravar" los problemas de vacantes que tienen los juzgados y fiscalías de Cataluña.