VALENCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El titular del juzgado de lo penal número 2 de Valencia dictó hoy sentencia absolutoria para los empresarios Antonio Vicente Moreno Carpio y José Herrero García, contra los que se querelló el ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana por calumnias, tras difundirse la grabación de unas conversaciones entre ambos y los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such, en las que se le vinculaba con el cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque temático de Benidorm (Alicante) Terra Mítica.
En la vista, que tuvo lugar en la sal 28 de la Ciudad de la Justicia de Valencia, el representante legal de Eduardo Zaplana ratificó el escrito que presentó ayer en el juzgado, en el que retiraba su acusación contra los empresarios al entender que el daño ya le había sido reparado después de que ambos pidieron perdón y se retractaran de lo que dijeron en la conversación grabada por los diputados.
De esta manera, el letrado solicitó el sobreseimiento o sentencia absolutoria para los empresarios, con la consiguiente eliminación de las acciones civiles y penales pendientes. La defensa de los empresarios se adhirieron a esta decisión, al igual que el ministerio público, que ya pedía en su escrito de acusación la absolución.
Según comentaron a Europa Press fuentes judiciales, Zaplana decidió retirar su acusación después de que los empresarios comparecieran ante el juzgado de instrucción número 18 y pidieran perdón. También, ante el juzgado, aseguraron que su intención no era la de ofender o imputar un delito, sino que realizaron algunas afirmaciones en unas circunstancias concretas, de las que se "aprovecharon" algunas personas.
Por su parte, los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, que acudieron a la vista, lamentaron, en declaraciones a los medios de comunicación, que se "haya perdido" una "oportunidad" para que todas las partes "se pudieran explicar" y "esclarecieran gran parte de todo el entramado que ocurrió en Terra Mítica", dijo Such.
Así, reiteró que a los socialistas les hubiera gustado que "todas las partes hubieran explicado lo que ocurrió" en el parque, "con su facturación abultada", las "contrataciones excesivas" y los "sobrecostes de esta empresa". Con el acuerdo alcanzado entre el denunciante y los denunciados, indicó que "tal vez" a ninguna de las dos partes "le interesaba que se supiera la verdad de lo que pasó".
En esta línea, Camarasa, quien aseveró que le sorprendía la "capacidad de perdón" de Zaplana, recordó que acudió hoy al juzgado para "contar lo que nos dijeron estos señores" --en referencia a los empresarios--, "sin ánimo de imputar a nadie, sino de contar la verdad de un caso que costó muchos miles de millones a los contribuyentes valencianos".
DESDE MAYO DE 2007
Zaplana presentó el 17 de mayo de 2007 una querella ante el TSJCV por un presunto delito de calumnias con publicidad o, alternativamente, un supuesto delito de injurias graves con publicidad contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, y los empresarios valencianos que figuran como imputados en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Valencia contra Terra Mítica y una veintena de empresas más por un presunto fraude a la Hacienda Pública por valor de 4,4 millones de euros.
Un día antes, la página web de la Cadena Ser había publicado el contenido de una denuncia presentada ante la Fiscalía del TSJCV por Such y Camarasa en la que informaban de que habían grabado las manifestaciones de los dos empresarios, que les indicaron que durante la ejecución de las obras del parque de Benidorm se habían manipulado facturas por más de 2.000 millones de pesetas para elevar el precio de los trabajos, y se habían pagado comisiones a quien proporcionaba los contratos. Ambos empresarios manifestaron que los sobrecostes y comisiones iban destinados al empresario Vicente Conesa, y que éste decía que "parte se entregaba a Zaplana".
El contenido de esta querella fue ampliado el día 23 de mayo haciendo referencia a la entrevista publicada por el diario El Mundo con el querellante Moreno Carpio, en la que afirmaba que el diputado y también querellado José Camarasa le ofreció 1,8 millones de euros, contratos con ayuntamientos gobernados por su partido y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria a cambio de inculpar a Zaplana en el cobro de millonarias comisiones por las obras del parque.
La sala de lo civil y penal del TSJCV acordó en diciembre de 2006 el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los dos diputados del PSPV al considerar que no existía ninguna constancia de que ambos hubieran facilitado personalmente la difusión del contenido de la denuncia y siguió abierta contra los dos empresarios en el juzgado de instrucción número 18.
