El Juez: "Bien puede darse por satisfecho Matas de que las acusaciones no hayan pedido medidas más severas"

Actualizado: martes, 30 marzo 2010 21:35

Sospecha que el ex presidente pueda guardar "el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos" en EEUU u otro país vecino

PALMA DE MALLORCA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, subraya en el auto que emitió hoy para decretar prisión bajo fianza de tres millones de euros para el ex presidente del Govern, Jaume Matas, que "dada la gravedad" de los hechos que se le imputan dentro del caso Palma Arena "bien puede darse por satisfecho de que las acusaciones -Fiscalía y acusación particular- no hayan interesado una medida cautelar más severa".

En una extensa resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado alude a la existencia de un "margen de gravedad más que sobrado" como para que Matas pueda sustraerse de la acción de la justicia, "máxime" cuando reside en Estados Unidos y "se sospecha" que en este país o en otro vecino pueda guardar "el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos" a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena.

Asimismo, Castro basa su petición de prisión así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la intención de "evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas".

En su opinión, existe un peligro "más que fundado y concreto al respecto como lo evidencia el hecho de que el encausado no se recata en mediatizar a testigos, imponer el silencio a quienes fueron sus subordinados, preconstituir pruebas falsas e incluso acude, aunque sea infructuosamente, a una de las más altas instituciones del Estado buscando un cobijo al que no tiene derecho".

En concreto, sobre el ex ministro pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, castigados con hasta 64 años de prisión.