El juez De Castro destaca que el fin ETA no prueba la "desvinculación" ni el fin de la "peligrosidad" de los presos

Video del juez De Castro
EUROPA PRESS
Publicado 25/10/2018 18:51:17CET

La exmagistrada Adela Asua dice que la ley "debe premiar las actitudes de reconocimiento del daño", pero "no puede exigirlas"

VITORIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha destacado la necesidad de analizar de forma individualizada las peticiones de reclusos de ETA para modificar su situación en prisión, dado que la disolución de la banda el pasado mes de mayo "no prueba" por sí sola la "desvinculación" de los reclusos de los objetivos de la organización, ni que haya desaparecido su potencial "peligrosidad".

De Castro ha planteado esta reflexión en una intervención grabada que ha sido proyectada en el seminario 'Víctimas y Política Penitenciaria' de la Fundación Fernando Buesa, que se celebra entre este jueves y viernes en Vitoria-Gasteiz.

El juez de la Audiencia Nacional, cuya presencia en este foro había sido anunciada por la organización, no ha podido acudir finalmente al acto, aunque ha remitido un video con su punto de vista respecto a la situación actual de la política penitenciaria en el Estado español.

De Castro se ha referido a las solicitudes que han presentado desde principios de año alrededor de un centenar de presos de ETA para mejorar su situación penitenciaria a través de una progresión de grado, la mayoría de las cuales han sido rechazadas.

CAMBIO "TOTAL"

El juez ha afirmado que estas peticiones evidencian un cambio "total" en la actitud de los presos de ETA, que históricamente han mantenido una postura "silente u omisiva" y no planteaban, "de forma consciente", peticiones que afectasen a la ejecución de sus penas privativas de libertad.

De Castro ha afirmado que ante las solicitudes que plantean ahora los presos de la banda para acceder a una progresión de grado que les permita mejorar su situación en prisión o incluso disfrutar de permisos, las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios han de adoptar decisiones "ajustadas" a la situación de cada interno.

El magistrado ha recordado que el sistema penitenciario español se rige por el principio de "individualización", y no ampara a "grupos determinados". De esa forma, en el caso de los presos de ETA, se ha de atender a la situación "personal" de cada uno de ellos, teniendo en cuenta cuestiones como que hayan asumido "los hechos delictivos" que hayan cometido, y que hayan mostrado signos "inequívocos" de abandonar los "fines terroristas".

COMUNICACIONES INTERVENIDAS

Este es el motivo por el que, según ha dicho, la "mayoría" de los terroristas en situación de primer grado --el más severo del régimen penitenciario-- siguen manteniendo "intervenidas" sus comunicaciones, pese a la desaparición de ETA.

De Castro ha citado una resolución de la Audiencia Nacional que señala que la disolución de ETA no "prueba" por sí misma que un presos de la banda "se haya desvinculado" de la misma, ni que haya desaparecido su potencial "peligrosidad", en la que se basa la decisión de intervenir sus comunicaciones.

El juez también ha aludido a la situación de los reclusos de ETA en segundo grado, sobre los que ha destacado que pueden acceder a una modificación de su situación penitenciaria si cumplen los requisitos establecidos para ello.

El magistrado ha subrayado la importancia de que los presos de ETA "asuman el hecho delictivo y las consecuencias del mismo". Además, ha manifestado que también es necesario que "abandonen los fines de la organización terrorista y asuman valores de naturaleza democrática".

En su intervención, José Luis de Castro también ha aludido a la situación de las víctimas de la organización terrorista, y se ha mostrado partidario de establecer un "protocolo" que regule la atención que se presta a este colectivo.

El mensaje grabado del juez De Castro ha estado precedido por la intervención presencial de la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Adela Asua, que ha afirmado que la ley "debe premiar las actitudes de reconocimiento del daño" por parte de quien ha cometido un delito, aunque "no puede exigir" ese tipo de comportamientos, ya que la legislación es un instrumento demasiado "tosco" para canalizar actitudes de "perdón".