Publicado 21/12/2021 19:54CET

La juez de la causa de Sito Miñanco procesa por blanqueo de capitales a un hombre entregado por Colombia

Archivo - Sito Miñanco (2I) , franqueado por dos policías, en el Juzgado de Instrucción nº2 de Cambados en el que se le juzga por blanqueo de dinero.
Archivo - Sito Miñanco (2I) , franqueado por dos policías, en el Juzgado de Instrucción nº2 de Cambados en el que se le juzga por blanqueo de dinero. - Cambados - Archivo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La juez María Tardón ha comunicado este martes a José Luis C, un hombre entregado por Colombia, su procesamiento por un presunto delito de blanqueo de capitales en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra José Ramón Prado Bugallo, conocido como 'Sito Miñanco'.

Según ha adelantado ABC y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, a este nuevo imputado, que habría sido entregado por Colombia a principios de diciembre, se le atribuye haber actuado como correo humano del dinero de la red. En la declaración de hoy ante la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, el acusado ha negado su participación en los hechos.

Las pesquisas le sitúan como parte del grupo de correos humanos a los que habrían recurrido Miñanco y sus subordinados para ocultar y enviar a Colombia los beneficios de las operaciones de narcotráfico. La Audiencia Nacional dictó orden internacional de detención pero no fue entregado hasta el día 8 de este mismo mes. La magistrada, tras tomarle declaración, le puso en libertad con medidas cautelares y fijó una fianza por su presunta responsabilidad civil de 900.000 euros.

En esta causa todavía hay dos investigados huidos. En concreto, un ciudadano holandés que habría instalado un servicio seguro de comunicación entre las lanchas que recogían la droga y quienes comandaban la operación desde tierra y un piloto de embarcaciones que habría transportado las sustancias estupefacientes para introducirlas en España.

LA INSTRUCCIÓN CONCLUYÓ EN DICIEMBRE DE 2020

La magistrada puso fin a la instrucción de este asunto a mediados de diciembre del pasado año. Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública. En ese año disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad.

La jueza atribuye a los investigados, según su participación en los hechos, delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud pública, concurriendo la agravante de notoria importancia, cometido en el seno de organización criminal y de extrema gravedad; blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.

Entre los procesados se encuentra el abogado Gonzalo Boye Tusquets, quien ejerce la defensa del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.

"INDIVIDUOS" CON UNA "APRECIABLE EXPERIENCIA EN EL NARCOTRÁFICO"

La actividad de Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica.

Para ello tenía a su disposición "un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad", afirma la magistrada en su auto.

El entramado criminal lo dirigía Prado Bugallo con un marcado carácter personalista, junto a colaboradores de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico.

LA INTERVENCIÓN DEL BUQUE THORAN

La juez explica que en el marco de esta investigación se llevó a cabo la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3,3 toneladas de cocaína, y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

Tardón concluye que los abogados Gonzalo Boye Tuset, Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de determinadas letras cambiarias y el carácter ficticio de una operación comercial de la que fueron informados por el grupo de narcotraficantes, "diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que otro de los procesados había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".

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