Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno atribuye un valor de 812 millones de euros al cargamento de 30 toneladas de cocaína interceptado la semana pasada cerca de Canarias, uno de los mayores alijos incautados de la historia, que fue hallado en fardos ocultos dentro de un barco.
Así lo expone el magistrado en un auto recogido por Europa Press en el que detalla los pormenores del abordaje del barco, que tuvo lugar a última hora de la tarde del pasado 1 de mayo.
En la operación fueron detenidos los 23 tripulantes, para quienes Moreno decretó prisión provisional tras pasar a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y organización criminal, así como de tenencia de armas y sustancias inflamables.
Según el auto, los agentes de la Guardia Civil encargados del operativo localizaron en un primer momento a 17 tripulantes, como manifestó el capitán del buque. Momentos después, los efectivos policiales descubrieron a otros seis hombres ocultos en una zona de proa y armados con fusiles, explica el magistrado.
Los agentes se incautaron de tres fusiles con dos cargadores, una pistola con tres cargadores y diez cajas de munición sin abrir, indica.
El barco, con bandera de las islas Comoras, en el sureste de África, fue interceptado en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cerca del Sáhara Occidental y conducido posteriormente a Las Palmas de Gran Canaria. Partió de Sierra Leona y tenía como destino Libia.
En la inspección de la nave, en la zona de popa, los agentes hallaron una puerta de metal que daba acceso a otras zonas del barco, en la que se descubrió "una galería de gran longitud" con "bultos similares" a los que se utilizan para llevar sustancias estupefacientes. La Guardia Civil intervino, en total, 1.279 fardos de cocaína con un peso de 30,2 toneladas.
En el auto, Moreno, que abrió la investigación tras una querella de la Fiscalía Antidroga, justifica la prisión provisional comunicada y sin fianza para los 23 tripulantes por el "riesgo de fuga" y la "gravedad" de las penas a las que pudieran ser condenados.
A la hora de tomar esta decisión, el magistrado valora también el riesgo de que cometan otros delitos y de que su libertad ponga en riesgo la investigación, al no haberse concretado las circunstancias de los hechos y de los acusados.