MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó esta noche en libertad al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y los otros siete responsables de la formación ilegalizada acusados de reiteración delictiva de pertenencia a banda armada y amenazas terroristas. Además, el magistrado impuso la obligación a Joseba Permach (en la imagen) de comparecer diariamente ante la Ertzaintza y la prohibición de salir de territorio nacional.
Recuerda, por otra parte, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que deben adoptar las medidas necesarias para evitar la celebración de actos públicos de la formación ilegalizada. Aparte de Otegi y Permach, el juez ha puesto en libertad a Pernando Barrena, Joseba Álvarez, Rufino Etxebarria, Karmelo Landa, Jon Gorrotxategi y Juan Cruz Aldasoro.
El magistrado considera que tanto la presentación de la Mesa Nacional y de la "comisión negociadora" de Batasuna, las declaraciones de Permach y la entrevista a dos etarras en Gara "son consecuencia de un plan orquestado por el conjunto de la organización terrorista ETA, obligando a los poderes legítimos a negociar y asumir sus exigencias como condición indispensable del cese definitivo del ejercicio de la violencia"
Respecto al delito de amenazas terroristas, considera que, "aun cuando existen concretos indicios racionales de criminalidad", no son tan claros como para acordar el ingreso en prisión de los dirigentes abertzales. Así, argumenta que, "no existiendo otros datos objetivos", la intención de ETA de "hacer depender el cese de la violencia terrorista" de la aceptación por parte de "los poderes legítimos" de los "fines ilícitos" del entramado etarra, no permite "en el momento actual" modificar las medidas cautelares de los responsables de Batasuna salvo Permach.
Así, considera que no existe la suficiente "univocidad" respecto a que las declaraciones de Permach "gocen de la precisa potencialidad" para "anunciar de forma inequívoca que el no acceder a las pretensiones de conjunto del entramado terrorista ETA-KAS-Ekin-Batasuna implicaría necesariamente el retomar la violencia".
"No puede obviarse que se ha objetivado una función principal" en la figura de Permach en estos hechos, agrega Grande-Marlaska, por lo que considera "proporcional" la modificación de su situación personal y la aplicación de nuevas medidas cautelares.
BATASUNA, FRENTE DE ETA
Además, el auto del magistrado subraya que Batasuna "constituye el frente político institucional de la organización terrorista" y considera que la presentación de su nueva Mesa Nacional pretendía "condicionar cualquier posible cese definitivo de la violencia a la previa negociación política", donde Batasuna "debía intervenir de forma efectiva".
Los fiscales de la Audiencia Nacional Jesús Santos y Juan Antonio García Jabaloy no solicitaron la aplicación de nuevas medidas cautelares contra ninguno de los dirigentes, al considerar que la situación tras el alto el fuego de ETA es "diametralmente distinta" y que los responsables "no han pretendido contribuir a los fines y objetivos de ETA, sino recuperar la presencia institucional de Batasuna en la vida política y apoyar la situación actual de cese de violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo".
Por el contrario, las acusaciones ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia solicitaron que el magistrado decretase prisión incondicional para todos los dirigentes de Batasuna, salvo, en el caso de Dignidad y Justicia, para Kepa Landa, para quien pidió que se aumentase en 400.000 euros la fianza de 12.000 euros que ya había depositado anteriormente.
HERRIKO TABERNAS
Los ocho responsables de Batasuna están imputados en la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna.
En esta causa, el juez imputó por esta causa a Otegi en mayo de 2005 un delito de pertenencia a organización terrorista, por la que le impuso prisión eludible con pago de fianza de 400.000 euros. En marzo de este año, volvió a comparecer ante Grande-Marlaska por los hechos violentos producidos en una huelga convocada por Batasuna, y volvió a ser encarcelado hasta que pagó otros 250.000 euros que le impuso en esta ocasión el magistrado.
El juez citó el pasado día 19 a los ocho responsables de Batasuna por la presentación de su Mesa Nacional en el Hotel Tres Reyes de Pamplona al considerar que estos hechos podrían suponer una reiteración delictiva de pertenencia a organización terroristas y una violación de la suspensión de actividades que el juez decretó contra Batasuna el pasado 17 de enero.
El pasado viernes, Grande-Marlaska amplió su imputación por la presentación, el día anterior, de la "comisión negociadora" de la formación ilegalizada, así como por las declaraciones que realizó Joseba Permach, en las que aseguraba que si los dirigentes abertzales eran encarcelados, "el proceso de paz" entraría en una "situación de bloqueo". El juez consideró que estas manifestaciones podrían constituir un delito de amenazas terroristas, al ponerlas en relación con la entrevista a dos etarras publicada en Gara el pasado día 14.
