Cánovas pide seguir investigando la 'Caja B' porque cree que no se ha ahondado lo suficiente
MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha desestimado la petición de la ex senadora de Podemos Celia Cánovas para personarse como acusación particular en la causa sobre la finanzas de la formación 'morada', por considerar que abriría la puerta a una "investigación prospectiva", aunque al mismo tiempo ha señalado que podría podría personarse como acusación popular.
Cánovas solicitó personarse como acusación particular en la doble condición de afiliada y de cargo público que efectuó donaciones a la llamada Caja de Solidaridad de Podemos con el objetivo de que se esclareciera "el uso y destino de los fondos del partido, a cuyo montante ha contribuido".
Denunció que en ningún momento pudo conocer el destino que Podemos dio a los 25.000 euros que donó a sus arcas desde que entró como senadora, en 2015, apuntando a posibles delitos de malversación y blanqueo de dinero por parte del partido, por lo que se considera perjudicada.
Escalonilla, en un auto del 26 de octubre al que ha tenido acceso Europa Press, ha determinado que no ha lugar a la personación de Cánovas como acusación particular, por lo que también rechaza las diligencias de investigación solicitadas por ella. No obstante, indica que podría pedir su personación como acusación popular previa prestación de fianza.
El juez instructor ha argumentado, en primer lugar, que "no es objeto de la presente causa el investigar la totalidad de las presuntas conductas irregulares llevadas a efecto por Podemos, convirtiendo este procedimiento en una investigación prospectiva sobre la actividad dicho partido".
En segundo lugar, Escalonilla ha esgrimido que "no puede ser objeto del procedimiento el uso y destino de los fondos de dicho partido, a los que contribuyó Celia Cánovas durante el tiempo que ostentó el cargo de senadora", porque no hay indicios sobre el "uso irregular" de ese dinero, "salvo en relación con los fondos de dos cuentas electorales de las elecciones generales de 2019".
En su opinión, "el solo hecho de que Podemos reconozca a dicha militante una contribución inferior a la realmente llevada a efecto por su parte" no es por sí solo acreditativo de un uso inadecuado de estas cantidades, "ni resulta significativa ni sugestiva de una operación de blanqueo".
Es más, el titular del juzgado madrileño cree que tal "discordancia" no debería ser objeto ni de este ni de cualquier otro procedimiento penal, instando a la ex senadora a hacer las reclamaciones pertinentes a Podemos, "y si de la correspondiente actuación realizada en vía interna surgiera algún indicio delictivo, es cuando en su caso debería acudir a la vía penal".
LA 'CAJA B'
Además, ha recordado que la parte de la causa relativa a la Caja de Solidaridad ya ha sido archivada por no existir indicios de que sus fondos no fueran utilizados para el fin declarado, por lo que la denuncia de Cánovas de que sus donaciones y las de otros miembros de Podemos podrían haber sido utilizadas irregularmente para sobresueldos a través de esta supuesta 'Caja B' carece ya de sentido.
Escalonilla ordenó el pasado 20 de octubre el sobreseimiento provisional de la investigación sobre la 'Caja B' de Podemos, descartando el delito de administración desleal al considerar que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político".
La causa continúa respecto de los otros tres hechos denunciados por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en diciembre de 2019: los servicios electorales contratados por el partido con las empresas Neurona y ABD Europa; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras 'moradas' --la abogada Marta Flor--; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.
CÁNOVAS RECURRE
La ex senadora, por su parte, ha presentado un recurso contra el archivo de la 'Caja B', por estimar que, en contra de lo valorado por Escalonilla, hay "indicios racionales más que suficientes de que se ha podido producir una distracción de dinero del partido para fines distintos a los legalmente establecidos para un partido político, con el consiguiente perjuicio económico, y que constituiría presuntamente un delito de administración desleal".
Cánovas entiende que las diligencias realizadas hasta ahora han demostrado que hubo transferencias de dinero de la Caja de Solidaridad a la asociación #404 Comunicación Popular, dirigida por personas vinculadas a Podemos como miembros --ahora o en el pasado-- y por relaciones de amistad, "lo que hace presumir la existencia de un trato privilegiado".
Asimismo, opina que el juez no ha indagado lo suficiente. A su juicio, "no se han comprobado todas y cada unas de las actividades realizadas por dicha
asociación con los fondos recibidos del partido" y "no se han investigado todas las donaciones recibidas", de modo que "no se puede descartar que Podemos sea su única o su principal fuente de ingresos".
Cánovas plantea que, dada la estrecha vinculación entre #404 Comunicación Popular y Podemos, "podríamos estar ante una asociación vinculada (...) que habría sido ocultada para evitar el control del Tribunal de Cuentas".
En consecuencia, reclama una serie de diligencias de investigación, aduciendo que "es un hecho fundamental, para poder determinar si se ha producido una administración desleal, comprobar que las donaciones recibidas se han destinado a las actividades propias del partido, porque en caso contrario estaríamos
claramente ante una administración desleal".
PIEZAS SEPARADAS
Cánovas también solicita a Escalonilla "la apertura de piezas separadas para que Podemos solo pueda intervenir como defensa en aquella pieza en la que figure como investigado, como la de delito de financiación ilegal, y no en aquellas en las que está abusando de su posición procesal para obstaculizar la investigación del resto de delitos".
Sobre esto, reprocha al juez que no haya adoptado "medidas contundentes" ante lo que ve como una "actitud obstruccionista" de Podemos, porque no habría colaborado en las pesquisas sobre las transferencias realizadas a la asociación, "cuando su intervención procesal no es la de investigado por el delito de administración desleal y su obligación es colaborar con la justicia".
Cánovas se queja de que "Podemos, como persona jurídica, está dirigido por algunas de las personas que están investigados en este procedimiento, por lo que es más que evidente que están utilizado al partido como persona jurídica para sus propios intereses, lo cual es un claro fraude procesal que perjudica al partido", que --sostiene-- debería velar para que no se comentan irregularidades financieras y sus fondos no sean objeto de mala administración.
Con todo ello, la ex senadora pide al juez que, a la espera de que se resuelva su situación procesal --puesto que el rechazo a su personación aún no es firme-- admita este recurso 'ad cautelam', alertando de que en caso contrario "se vulnerarían los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías".
