MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo acordó esta noche el ingreso en prisión incondicional de seis de los detenidos el pasado viernes en una presunta trama de corrupción policial y acordó la prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para uno de los arrestados en esta operación, el agente de la Policía Nacional Luis López Hidalgo.
En un auto de veinte páginas firmado por el magistrado pasadas las diez y media de esta noche se atribuyen al Policía Nacional José Luis González Clares, a López Hidalgo y a dos civiles, el matrimonio formado por Manuel Romero Moreno e Isabel García, la comisión de los delitos de tenencia y transporte de sustancias explosivas (que podría alcanzar hasta 5 años de prisión), tenencia de sustancias estupefacientes (hasta 9 años de cárcel) y la detención ilegal de dos personas "que estuvieron privadas de libertad por su comportamiento".
A otro de los presuntos integrantes de la trama, el abogado Gerardo Hermoso Armada, el juez le imputa tenencia de estupefacientes y detención ilegal, mientras que a los dos imputados restantes, los agentes Celestino Rivera y Jesús Parrilla se les acusa inicialmente de revelación de secretos que ha causado grave perjuicio a la causa pública, por la supuesta filtración de datos relevantes de investigación a un medio de comunicación.
Con respecto a Rivera, quien protagonizó un incidente esta tarde en los calabozos de la Audiencia Nacional, -tras ingerir el contenido de un bote de comprimidos, que tenía en su poder para tratarse una cardiopatía-, el magistrado acuerda remitir a la prisión "la documentación médica relativa al mismo, asegurando su traslado en adecuadas medidas médicas, y con ingreso en las dependencias del Centro Penitenciario"
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 implica a los policías González Clares, "José el Moro", a López Hidalgo y a los tres civiles citados en un "montaje" sobre el traspaso de un paquete de dinamita al confidente policial Romero el pasado 15 de agosto, así como en una conspiración para imputar tráfico de drogas a una ciudadana rusa el pasado mes de octubre.
Los siete imputados, que ya fueron trasladados esta noche a dos centros penitenciarios de Madrid, negaron todos los hechos ante el juez y los fiscales presentes en las declaraciones Miguel Ángel Carballo y María José Checa. Los interrogatorios se celebraron desde la tarde del pasado lunes y, tras un paréntesis de unas cuantas horas, hasta bien entrada la noche de hoy en la Audiencia Nacional
Los dos miembros de la Fiscalía, que asistieron a diferentes vistas cada uno, solicitaron el ingreso en prisión de todos los detenidos, a quienes atribuían un mayor número de delitos que los finalmente estimados por el juez, como el de cohecho, denuncia falsa y deslealtad profesional (este último al abogado imputado). Las distintas defensas pidieron la puesta en libertad de sus patrocinados.
RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS.
Los fiscales justificaron su petición en lo "ilógico" de las explicaciones de los imputados, sus continuas contradicciones, el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y, en el caso de los agentes, "la capacidad que se presupone al imputado por la actividad profesional a que se dedica y por la propia idiosincrasia de los hechos". El juez, por su parte, cree que no hay riesgo de fuga, aunque dicta prisión por la "exigencia de preservar y garantizar (...) las fuentes de prueba, evitando que las mismas puedan verse alteradas, manipuladas o destruidas, o que se incida en las mismas de modo torticero e ilegítimo".
Por lo que se refiere al capítulo de tráfico con Goma Dos ECO, el juez detalla en su auto cómo Romero avisó a "José el Moro" de que tenía el explosivo, cuyo traspaso atribuyó a un tal Adolfo Rodríguez, quien estuvo preso por este motivo entre los pasados 15 y 18 de agosto. Los imputados se contradicen en lo referido al lugar de entrega del explosivo al policía González Clares y tampoco coincide su historia con lo referido por dos miembros de UCYCO que participaron en esta diligencia y para los que el juez acordó la libertad tras interrogarlos ayer, aunque los mantiene imputados en la causa.
El juez incluye en su auto un listado con las abundantes conexiones entre los teléfonos móviles de Moreno y "José El Moro" desde el día anterior a la supuesta entrega de la dinamita lo que, añadido a las contradicciones antes citadas, hace "inasumible", a su juicio, la explicación dada por ambos sobre este hecho.
ORIGEN DEL EXPLOSIVO.
Según el juez, existen indicios que apuntan a que parte de dicha sustancia podría haber sido sustraída en junio de 2005 en una empresa que realiza obras en la zona de Colmenar Viejo y Torrelodones (Madrid), mientras que otra parte de los cartuchos podrían haber sido robados en el primero de los pueblos citados en octubre de ese mismo año, aunque también en Villacastín (Segovia) o en la provincia de Barcelona.
Por lo que se refiere a la conspiración contra la ciudadana rusa Svetlana M., se trata de la nuera del abogado imputado, quien fue detenida por González Clares y López Hidalgo el pasado 19 de octubre, al serle intervenido un paquete con 950 gramos de cocaína cuando salía de casa de sus suegros, donde viven sus dos hijos.
Según la investigación desarrollada por el juez de la Audiencia Nacional, la intervención policial se produjo un instante después de que una mujer, que luego fue identificada como Isabel García, se acercara Svetlana y, tras preguntarle si la recordaba, le hiciera entrega la bolsa que contenía droga y saliera corriendo. Los policías señalaron en su atestado que se acercaron a las dos mujeres al apreciar un intercambio de dinero por droga y que uno de ellas huyó sin que se pudiera darle alcance.
Las intervenciones telefónicas realizadas a los miembros de la trama ese mismo día detectaron varias conversaciones que podrían estar referidas al suceso, como una en la que Isabel le dice esposo que "todo ha ido muy bien, demasiado". Se da la circunstancia de que el abogado, que según las investigaciones se había reunido con el resto de la "banda" días antes de los hechos, asistió a su nuera en las actuaciones policiales y judiciales con motivo de su detención.
