Limita la trama al Ministerio de Interior y la cúpula policial descartando una pata política vinculada al PP
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El juez Manuel García-Castellón ha puesto fin este jueves a casi tres años de investigación sobre la 'Operación Kitchen', el espionaje parapolicial al que se habría sometido al ex tesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015 para impedir que la información comprometedora que pudiera tener sobre sus famosos 'papeles' llegara a la Justicia. Su conclusión es que tuvo éxito y propone juzgar por ello al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial. Sin embargo, ante una petición de Fiscalía, el magistrado entiende que ya no merece la pena buscar el material sustraído.
En total, ha procesado a once personas, empezando por Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez; y siguiendo con el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino, los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo; para terminar con los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago, y el ex chofer de la familia Bárcenas Sergio Ríos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha considerado acreditado, a nivel indiciario, que todos ellos, "puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que estaban llevando a cabo", pusieron en marcha la 'Kitchen', lo que sería constitutivo de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.
De acuerdo con el relato realizado en este auto de 70 páginas, Fernández Díaz se situaría en la cúspide de esta estructura delictiva. "Con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a Martínez a "poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas, con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial".
Martínez, su 'número dos' en aquel momento, "asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo, al Director Adjunto Operativo". Pino, a su vez, habría trasladado el encargo a Villarejo, que --siguiendo con la cadena-- recurrió primero a Martín Blas, como jefe de Asuntos Internos, y después a García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
"La operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información", y ese espía fue Ríos, que desde febrero de 2013 era su chofer, así como una "persona de la máxima confianza del entorno familiar" del ex tesorero del PP. Le apodaron 'Cocinero', de ahí el nombre de 'Kitchen'. Su recompensa fueron 2.000 euros mensuales, más gastos, todo procedente de los fondos reservados, y su posterior ingreso en la Policía Nacional.
Para conseguir a Ríos, Villarejo y García Castaño se valieron del entonces inspector jefe Gómez Gordo. El propio chofer declaró que accedió a colaborar en este asunto porque se lo propuso su "admirado" 'Andy'.
EL VOLCADO Y EL 'ZULO'
García-Castellón deduce que la 'Kitchen' tuvo éxito, indicando que la documentación deseada "se habría finalmente localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en el mes de octubre de 2013, y se encontraría, al menos, en poder de García Castaño".
"Para obtener esta información, los investigados habrían accedido, careciendo de autorización alguna, al denominado 'zulo'", un armario con doble fondo situado en el estudio de arte que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tenía en la calle general Díaz Porlier de Madrid.
A ello, se añadiría la información de Bárcenas obtenida "por medio del volcado de tres teléfonos móviles que puso a su disposición Ríos" y que se realizó, entre otros, por dos policías.
El juez llama la atención sobre el hecho de que, aunque el principal objetivo era evitar que toda esa información llegara al cauce judicial, Villarejo y García Castaño tenían su propio objetivo: "incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal, extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio de Interior", o solo para garantizar su impunidad.
LA DA POR PERDIDA
En el mismo auto se da cuenta de que la Fiscalía propuso al juez investigar qué pasó con la información robada a Bárcenas, pero García-Castellón lo ve "innecesario". "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.
El magistrado, "visto el tiempo transcurrido desde que se inició la presente investigación", "pondera remotamente útil pretender abrir una vía de investigación encaminada a recuperar la información, al parecer, procedente del señor Bárcenas, cuando aquel o aquellos que pudieran haberla retenido habrían dispuesto del tiempo y la capacidad necesaria para deshacerse de la misma, y sin que, hasta el momento, se haya encontrado".
En este sentido, ha recordado que, "a pesar de los esfuerzos que se han hecho en todo este tiempo, no se ha podido obtener los soportes que almacenan los datos que, al parecer, pudieron haberse obtenido del señor Bárcenas".
GESTADO EN EL MINISTERIO DE INTERIOR
Otra de las conclusiones del instructor es que la 'Kitchen' se ciñó al Ministerio de Interior y a los mandos policiales de la época, descartando con ello que el PP estuviera implicado de alguna manera.
El juez entiende que "debe descartarse del objeto de este procedimiento la existencia de una trama política ajena al Ministerio de Interior, delimitando los hechos objeto de enjuiciamiento sobre la base exclusivamente de los indicios existentes".
Esta afirmación es consecuente con su decisión de archivar la causa para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. En ambos casos, aprecia "la debilidad de las razones que justifican la incriminación" de la pareja.
Así, se ha centrado en la rama policial, reprochando que "ninguno de los funcionarios policiales señalados realizó, pese a su condición de agentes de la autoridad, acción alguna para denunciar o evitar el desarrollo de esta operación de cuya ilicitud eran conocedores".
