La juez que suspendió la sentencia de Carnero y Morala se basa en el indulto y dice que no son "criminales peligrosos"

GIJÓN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Asunción Domínguez, que sustituye al titular del Penal 1 de Gijón, Lino Rubio, dictó esta mañana un auto de suspensión de la ejecución de la sentencia que condena a los sindicalistas Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero a tres años de cárcel, así como el pago de una multa y una indemnización al Ayuntamiento. La juez se basa en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, tanto en la petición de indulto como en la solicitud hecha por el Consistorio sobre la suspensión de la indemnización y el informe favorable de Fiscalía.

Domínguez explica en el auto que la permanencia en prisión de los penados podría hacer "ilusoria" la finalidad del indulto solicitado en el caso probable de ser concedido, ya que la tramitación puede ser larga y la pena de cárcel es de tres años.

Los dos procesados por los destrozos en una de las movilizaciones de Naval Gijón salieron ayer de la cárcel, tras su ingreso el pasado 16 de junio, al aplicárseles el tercer grado en régimen abierto, por lo que sólo tenían que ir una vez por semana a la prisión y comunicar cualquier viaje fuera de la región. Tras el auto, los sindicalistas quedan libres y sin obligaciones hasta la resolución del indulto.

Según la magistrada, el ingreso en prisión de ambos condenados no debe constituir un obstáculo para decretar la suspensión de la sentencia, sobre todo dado el escaso tiempo transcurrido desde su entrada en Villabona.

Asimismo, señala que "los penados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio conocido y no se pueden considerar personas criminalmente peligrosas". También deja claro que con su decisión, no se producirá una alarma social "habida cuenta el apoyo social que desde el principio del procedimiento han recibido los penados en distintos ámbitos incluso fuera de la comunidad".

Por otro lado, la magistrada deja constancia de que el Ayuntamiento, aún no pudiendo renunciar a la indemnización de 5.624,83 euros de manera formal, al impedírselo la Legislación de Régimen Local, en cambio presentó escrito en el juzgado para solicitar que se suspendiera la ejecución en dicho apartado indemnizatorio hasta tanto se resolvieran los indultos solicitados y el recurso de amparo.

La suspensión de la condena había sido rechazada anteriormente, al no venir la solicitud del indulto en nombre de los penados. Este hecho fue subsanado el pasado 2 de julio, lo que favoreció el auto dictado hoy.