La juez Teresa Palacios archiva la querella contra Obiang al carecer la Audiencia Nacional de jurisdicción

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha archivado la querella presentada contra el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, quien visitó la semana pasada nuestro país, por presunto delito de genocidio, informaron fuentes jurídicas. Afirma que la Audiencia Nacional carece de jurisdicción y no es competente para entender de esta iniciativa.

En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 hace suyo el criterio del fiscal Fernando Burgos, quien el pasado jueves emitió un informe en el que concluía que España carece de jurisdicción para investigar posibles delitos cometidos por el presidente africano, por tratarse de un jefe de Estado.

Según la magistrada, en este caso debe tenerse en cuenta el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los límites de la jurisdicción nacional y exceptúa los supuestos de inmunidad y de carencia de jurisdicción regulados por las normas de Derecho Internacional Público.

En este ámbito, tanto la Fiscalía como la juez Palacios aluden a las convenciones de Viena (1961) y de Nueva York (1969) que otorgan inmunidad de jurisdicción a los representantes extranjeros, entre los que se incluyen los jefes de Estado y de Gobierno. La magistrada concluye declarando la falta de jurisdicción de la Audiencia Nacional y el archivo de la querella presentada.

En su escrito, el fiscal Burgos añadía que los hechos relatados en la querella no revisten los requisitos del delito de genocidio (de persecución internacional, salvo los supuestos de inmunidad de jurisdicción), puesto que las acciones que se imputan a Obiang consisten en la persecución de sus adversarios políticos, y no en delitos sufridos por ningún grupo étnico, religioso y nacional, según las mismas fuentes.

La querella contra Obiang fue presentada por el ciudadano español Jaime Urgell a iniciativa de Francisco Fernández, abogado en Madrid del presidente del autoconstituido Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, Severo Moto. Además de genocidio, acusaban al presidente guineano de delitos de tortura, detención ilegal y terrorismo.

En el escrito se solicitaba la detención del mandatario africano como medida cautelar aprovechando su estancia en la capital española, "habida cuenta de la gravedad de las acusaciones, el elevado riesgo de que éste pueda intentar evadir la acción de la Justicia, y considerando que frente al crimen de genocidio no cabe inmunidad alguna, ni siquiera de los jefes de Estado en ejercicio".

También se recordaban diferentes resoluciones de la Audiencia Nacional en los que se confirmaba la jurisdicción de España para conocer crímenes de genocidio y terrorismo cometidos por las dictaduras chilena y argentina, y que llevaron, por ejemplo, a la detención del ex dictador Augusto Pinochet en 1998.