Los Martínez Núñez han recurrido las fianzas que se les impusieron, después de que el magistrado aceptase las fincas que ofrecieron como aval
VIGO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, ha descartado que las empresas implicadas en la Operación Caballo de Troya, que investiga una trama para proceder al vaciado patrimonial de sociedades, sean embargadas, sino que se buscará que sigan funcionando "bajo una supervisión que garantice que ese dinero no salga al extranjero".
En declaraciones a Europa Press, el magistrado ha querido lanzar un mensaje para "tranquilizar a los trabajadores" de las empresas investigadas porque la intención es que "todas continúen funcionando y en vigor". "No vamos a intentar embargarlas y que se mueran, queremos que sigan funcionando", ha apuntado.
Entre las empresas investigadas en la Operación Caballo de Troya, que supuso la detención de 15 personas, están los tres hoteles ubicados en Santiago, Lugo y Ourense que el empresario valenciano Ángel de Cabo compró por unos pocos euros a José Martínez Núñez.
El juez ha indicado que la causa se encuentra "en una fase muy inicial", tras una primera etapa de registros, para pasar ahora a un análisis "meticuloso" de la abundante documentación incautada. "Calculo que hacia verano tendremos un primer informe de todos los movimientos y una primera definición ya mucho más perfilada de los diferentes delitos que se hayan podido cometer en este supuesto", ha explicado.
FIANZAS
En cuanto a las fianzas impuestas a los hijos de Martínez Núñez, José Luis y María Isabel M.P., que se elevaban a un millón de euros cada uno en efectivo, el juez ha explicado que se han aceptado las fincas ofrecidas por los hermanos como aval para evitar la prisión.
Al aportar las fianzas en especie, es preceptivo duplicar el valor impuesto en efectivo, pero el juez ha expuesto que las fincas ofrecidas por los Martínez Núñez "superan ampliamente los cuatro millones de euros".
No obstante, estas fianzas han sido recurridas, con lo que ahora falta el dictamen de la Audiencia Provincial, aunque "como las resoluciones no son suspensivas, siguen en vigor" por el momento, de forma que los Martínez Núñez tienen prohibido disponer de esas fincas para "asegurar la responsabilidad personal" de estos dos imputados.
