Actualizado: jueves, 15 febrero 2007 1:01


MADRID, 15 Feb. (OTR/PRESS) -

Macrojuicio por el mayor atentado terrorista cometido en Europa. Hoy comenzará el juicio contra los 29 acusados, entre ellos 9 españoles, de perpetrar o colaborar en la masacre perpetrada en Madrid el 11 de marzo de 2004, que arrebató la vida a 191 personas y que ocasionó 1.824 heridos. En la vista, que se celebrará en el Pabellón que dispone la Audiencia Nacional en madrileña Casa de Campo, declararán más de 650 testigos, entre los que no estarán el ex presidente del Gobierno José María Aznar, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, o el juez Baltasar Garzón -entre otros- al considerarlos testigos de referencia. Está previsto que el juicio, que comenzará con la declaración de Rabei Osman El Sayed, alias 'Mohamed El Egipcio' -uno de los presuntos autores intelectuales- se prolongue durante los próximos cinco meses.

La sala estará presidida por el tribunal compuesto por los magistrados Javier Gómez Bermúdez -presidente y ponente-, Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara. A su izquierda estarán situados los fiscales del caso, entre ellos Olga Sánchez, fiscal durante la instrucción del caso. Los 29 acusados estarán separados, 18 de ellos -actualmente encarcelados- permanecerán dentro de la 'cúpula' blindada, y el resto -aún en libertad- permanecerán fuera de ella.

Entre los procesados que serán juzgados, nueve son de nacionalidad española y están acusados por facilitar, presuntamente, explosivos a los terroristas que provocaron la masacre en Madrid. La ya conocida como 'trama asturiana' está encabezada por el ex minero Emilio Suárez Trashorras. El resto de los procesados proceden de Marruecos, Argelia, Siria y Egipto.

Precisamente, sobre estos últimos recaen penas de entre 4 y 38.656 años de cárcel, aunque sus abogados -un total de 26- intentarán rebajar. Sin embargo, para siete de los acusados, aquellos considerados autores intelectuales o materiales del brutal atentado que se saldó con la muerte de 191 personas, la fiscal Olga Sánchez pide penas de más de 270.000 años en total al imputarles las muertes consumadas y otras 1.824 en grado de tentativa.

Está previsto que los primeros en declarar sean los presuntos autores intelectuales de la masacre. Así al testimonio de 'Mohamed El Egipcio' le seguirán Youssef Belhadj y Hassan el Haski. Tras los ideólogos declararán los considerados autores materiales, Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar, acusados de la colocación de las mochilas-bombas en los trenes de cercanías madrileños.

Por parte de la acusación, acudirán 23 letrados, entre los que se incluyen los representantes de las acusaciones populares que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación 11-M Afectados de Terrorismos y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Además, en el sótano del Pabellón se habilitará una sala para las víctimas -con capacidad para 150 personas-, donde podrán seguir las sesiones a través de un circuito cerrado de televisión. En caso de que fuera necesario, varios psicólogos, asistentes sociales y personal sanitario permanecerán alerta en dos habitaciones contiguas.

TECNOLOGÍAS PUNTERAS

La Audiencia Nacional contará para este juicio con tecnologías punteras en cuya instalación colaboró el Ministerio de Justicia. De este modo, la vista podrá seguirse desde 17 pantallas de plasma distribuidas en las diferentes estancias. Al mismo tiempo, se facilitará señal institucional audiovisual, que será grabada a través de cuatro pequeñas cámaras. El encargado de seleccionar las imágenes será un realizador, que estará supervisado por el tribunal, cuyo presidente podrá cortar la imagen con un botón colocado en su mesa -para garantizar el derecho a la intimidad y la protección de testigos.

Otra de las novedades será el nuevo equipo de megafonía que permite la traducción del sistema digital. Además, todos los documentos que consten en el sumario, que está compuesto por 93.226 folios y 241 tomos, podrán visionarse a través de las pantallas de televisión gracias a una cámara instalada en el techo de la sala.

Asimismo, por primera vez en la historia de la Audiencia Nacional se aplicará la notificación de procuradores a través de Internet, mediante una firma electrónica. Esta novedad será posible gracias al programa Lexnet elaborado por el Ministerio de Justicia, cuyo objetivo es agilizar las notificaciones y facilitar el trabajo de procuradores, funcionarios y abogados.

NIVEL DE SEGURIDAD 2

Alrededor de 300 agentes de distintas unidades pertenecientes a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana velarán por la seguridad del juicio. El grueso de los agentes pertenecen a la Unidad de Intervención Policial (UIP), que estarán acompañados por agentes a caballo. También participarán otras unidades especializadas de Seguridad Ciudadana, como la de Guías Caninos, que revisarán a diario los alrededores y el interior del pabellón, y la Unidad de Subsuelo, que controlarán todo el alcantarillado.

Un helicóptero de la Policía sobrevolará en todo momento la Casa de Campo y la Comisaría General de Información prestará a TEDAX para completar la seguridad del macro-juicio. Con independencia de las medidas de seguridad en el pabellón de la Casa de Campo, el Ministerio del Interior ha activado el nivel intermedio de alerta incluido en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (Nivel 2) con motivo de la celebración del proceso y en relación también con el tercer aniversario de la masacre de Madrid.

El Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, dictó una instrucción dirigida a los delegados del Gobierno y a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para que pongan en marcha las medidas recogidas en el Plan de Prevención Antiterrorista, aprobado el 9 de marzo de 2005. El nivel de alerta activado implica la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para vigilar y proteger los lugares de alta concentración de personas: grandes superficies comerciales, grandes infraestructuras de transportes, acontecimientos deportivos y áreas o edificios emblemáticos de las ciudades con afluencia masiva de personas.

Del mismo modo se reforzará la protección de los objetivos estratégicos imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana, entre los que destacan los relacionados con el sector energético, los centros de abastecimiento de hidrocarburos, las plantas de regasificación, las redes de agua potable y, entre otros, los centros de comunicaciones.