Juicio.-Goirizelaia cree que el TS ratificará la doctrina Botín y critica "las motivaciones políticas" de Ruiz Piñeiro

BILBAO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La abogada Jone Goirizelaia, representante legal de los cinco miembros de la izquierda abertzale, entre ellos Arnaldo Otegi, acusados de desobediencia, junto al lehendakari, Juan José Ibarretxe, y a los dirigente del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, consideró hoy que, tras el archivo de la causa por el TSJPV, el Tribunal Supremo ratificará 'la doctrina Botín' y "dejará al margen la sentencia de Atutxa".

En su opinión, la falta de un requerimiento judicial para que no se celebraran las reuniones entre Ibarretxe, López y los representantes de la izquierda abertzale, además del "interés político", que no "general", que, a su juicio, ha movido a las acusaciones populares, ejercidas por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, hará que el TS confirme la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Goirizelaia reconoció que el TS puede ordenar al TSJPV que vuelva a juzgar el caso y recordó que tiene dos sentencias, la del 'caso Botín' y la del 'caso Atutxa', que no son "tan contradictorias".

En este sentido, precisó que en sendas resoluciones se analiza el papel de la acusación popular y la única diferencia "que es de matiz y que le hace considerar que en un momento se pueda acusar y en otro no, es si la acusación popular defiende el interés general y el interés que la doctrina del Supremo llama así".

"Según el Supremo, el interés en el caso Atutxa era que, efectivamente, ahí sí había habido un requerimiento del TS a la Mesa del parlamento para que realizara una actuación concreta y esa actuación no se había hecho", añadió.

A su juicio, "ahí, según ello, había el interés superior de que la Justicia se lleve adelante y se cumplan las resoluciones". En este sentido, se preguntó en esta causa "qué interés superior había". "En realidad no había ninguno, porque ese requerimiento no había habido y el interés superior que hubo y que llevó a los magistrados a dictar esa resolución era el interés político. Ellos estaban pensando que, efectivamente, la solución aquí no tiene que ser el diálogo y el acuerdo, sino que tiene que ser otra", apuntó.

En este sentido, puntualizó que se trata de "un interés político, que no es el interés general de la ciudadanía del País Vasco", porque "el interés general" de los vascos "es que los políticos hablen, solucionen y lo solucionen en base al acuerdo y en base al ejercicio de todos los derechos y de que todas las opciones políticas se puedan llevar adelante".

"Esa moción de matiz, que es importante, puede hacer al TS ratificar la sentencia de Botín y dejar al margen la sentencia de Atutxa", manifestó.

A su entender, "dejar a un juez decidir si se puede actuar en política es algo que no se entiende" porque "va contra las normas más elementales de una situación verdaderamente democrática", y además, "con una acusación que no está legitimada, y que ha interpuesto una querella y acusa porque, precisamente, lo que quiere es que no se haga política y que se dé una solución no basada en el diálogo y en el acuerdo, sino en la vía represiva, policial y judicial".

"Si tienes en cuenta todas esas circunstancias, el hecho de la falta de legitimidad clara, desde nuestro punto de vista, y el hecho del propio sentido del procedimiento que se iba a juzgar, lo lógico era que se tomara la decisión que se tomó", añadió, en referencia al archivo.

LA INSTRUCCIÓN Y PIÑEIRO

La letrada criticó la forma en que se ha desarrollado la instrucción de la causa y dijo que "las adscripción política y las valoraciones personas y matizaciones que esos jueces hicieron durante la instrucción de la causa, como las declaraciones del presidente de la Sala -en referencia a Fernando Ruiz Piñeiro que preside la Sala Civil y Penal del TSJPV- estuvo haciendo durante todo momento, demostraron que estaban dejando un poco al lado lo que era la cuestión técnica y jurídica para introducirse en una cuestión política en la que defendían y apoyaban las tesis de las acusaciones y del PP". "La decisión no era tanto técnica, sino que tenía un componente político importante", añadió.

Preguntada por quién ha perdido más con este juicio, respondió que, "si se tiene en cuenta la utilización en la campaña electoral que quería hacer cada una de las partes, seguramente, han perdido todos".

"Respecto al electorado de cada uno y lo que cada uno pudiera plantear, seguramente, han perdido también todos, pero creo que también han ganado todos, porque sentarte en el banquillo de los acusados no es plato de gusto de nadie, encima sabiendo que no has cometido ningún delito y que lo único que has hecho es intentar solucionar y traer a este país a un escenario democrático, me parece que tampoco es ajustado a ninguna situación", dijo.

Asimismo, aseveró que, "ponerse a expensas de una acción popular que quiere utilizar una estrategia política que viene de la mano del PP para llevar a los políticos de Euskal Herria a los tribunales, tampoco era bueno para nadie". "Por lo tanto, según cómo se mire, han perdido o han ganado absolutamente todos", añadió.

DIALOGO POLÍTICO

Jone Goirizelaia apuntó que "ningún proceso político" en el mundo "se ha solucionado por otra vía que no haya sido el diálogo, el acuerdo, un escenario democrático donde todos los proyectos se puedan llevar a práctica y donde todas las opciones sean posibles".

"Yo creo que, de eso, es consciente, incluso el Gobierno del Estado español que ahora dice que no se va a volver a hablar. Yo creo que todo el mundo sabe que en un periodo más o menos cercano en el tiempo, al final, hay que reconstruir el diálogo político y empezar a buscar soluciones", destacó.

Tras señalar que "está ahí la propuesta de Anoeta, que todavía es válida y habla de dos mesas diferentes, de acuerdos, de refrendo de la ciudadanía y está también el interés social". "Tenemos lo que hemos aprendido, todos los procesos no son iguales y tenemos que tomar una decisión: o solucionamos las cosas llegando a acuerdos y dejando que los ciudadanos lo ratifiquen o nos embarcamos en un proceso político-policial represivo", indicó.