Actualizado 13/04/2007 16:42 CET

Julián Muñoz designa abogado para el juicio previsto para el lunes por un delito urbanístico

MÁLAGA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha designado un abogado para el juicio fijado para el lunes en el Juzgado de lo Penal número 8 de la capital por un delito urbanístico, después de que su hasta ahora letrado en estos procedimientos pendientes, José María del Nido, renunciara a ejercer su defensa en este tipo de causas.

Fuentes judiciales explicaron a Europa Press que una vez que se ha personado un letrado en representación del ex regidor municipal, en principio se mantendría la fecha fijada para la vista oral; es decir, los días 16, 17 y 18 de este mes. El juicio estaba previsto a partir de las 10.00 horas en la Sala del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga.

En este caso, la Fiscalía de Málaga solicita 20 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para el ex alcalde marbellí y cinco ex ediles, así como 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para otros dos ex concejales marbellíes, por conceder las licencias al proyecto básico y de ejecución para una vivienda en suelo no urbanizable, que, posteriormente, tras un plan parcial, se configuró como zona educativa de uso público.

Así, a Muñoz y los ex ediles Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe y Marisa Alcalá se les imputan dos delitos contra la ordenación del territorio, en régimen de continuidad delictiva; mientras que a los entonces concejales Dolores Zurdo y Pedro Román, sólo uno. Los Verdes e IU ejercen la acusación popular.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el 13 de febrero de 1998 se aprobó en una comisión de gobierno marbellí presidida por Román, como alcalde accidental, la licencia al proyecto básico de construcción a la entidad Artola Inversiones para edificar una vivienda unifamiliar en una parcela de la urbanización con el mismo nombre.

Posteriormente, en julio de ese año, se aprobó la licencia de ejecución en una comisión presidida por Julián Muñoz, en la que no estuvo Pedro Román pero sí la entonces edil Dolores Zurdo, que sin embargo no participó como vocal en la primera reunión. Estos permisos se otorgaron pese a que la catalogación del suelo era "totalmente incompatible" con las autorizaciones concedidas, según el escrito.

Según la acusación pública, las licencias se dieron para edificar en un suelo que, "de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables en ese momento" --que para el fiscal es el Plan General de Ordenación Urbana de 1968--, estaba clasificado como rústico de control. Luego, de acuerdo con un decreto de 1981, pasó a ser suelo no urbanizable y tras un plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público.

Para la Fiscalía, la incompatibilidad de la autorización era "conocida por los acusados, quienes decidieron autorizar dicha construcción sobre la base de su adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal", que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo, pero que no había sido aprobada definitivamente por la entidad supramunicipal competente y que nunca lo fue.

Asimismo, el ministerio público pide la nulidad de las licencias concedidas. Así, para Julián Muñoz, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe y Marisa Alcalá se les pide 20 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público de concejal; mientras que para Dolores Zurdo y Pedro Román se pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.