Julián Muñoz será juzgado a partir de mañana por un delito urbanístico por el que se piden 20 meses de cárcel

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto celebrar desde mañana lunes y hasta el próximo miércoles un juicio contra el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y otros siete ex ediles de la corporación marbellí, acusados de un delito contra la ordenación del territorio, por el que el fiscal pide para el ex regidor una pena de 20 meses de prisión y 10 años de inhabilitación.

La vista oral está fijada para las 10.00 horas y está previsto que se celebre en la Sala del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga, según informaron fuentes judiciales. En este procedimiento están personadas también como acusaciones IU y Los Verdes, que pide la pena máxima de cárcel y la responsabilidad civil "derivada del delito", según señalaron a Europa Press.

Para este juicio, Muñoz ha designado un nuevo abogado, después de que su hasta ahora letrado en estos procedimientos pendientes, José María del Nido, renunciara a ejercer su defensa en este tipo de causas por delito urbanístico.

En este caso, la Fiscalía de Málaga acusa a Muñoz y los ex ediles Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe y Marisa Alcalá de dos delitos contra la ordenación del territorio, en régimen de continuidad delictiva; mientras que a los entonces concejales Dolores Zurdo y Pedro Román, sólo uno.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el 13 de febrero de 1998 se aprobó en una comisión de gobierno marbellí presidida por Román, como alcalde accidental, la licencia al proyecto básico de construcción a la entidad Artola Inversiones para edificar una vivienda unifamiliar en una parcela de la urbanización con el mismo nombre.

Posteriormente, en julio de ese año, se aprobó la licencia de ejecución en una comisión presidida por Julián Muñoz, en la que no estuvo Pedro Román pero sí la entonces edil Dolores Zurdo, que sin embargo no participó como vocal en la primera reunión. Estos permisos se otorgaron pese a que la catalogación del suelo era "totalmente incompatible" con las autorizaciones concedidas, según el escrito.

Según la acusación pública, las licencias se dieron para edificar en un suelo que, "de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables en ese momento" --que para el fiscal es el Plan General de Ordenación Urbana de 1968--, estaba clasificado como rústico de control. Luego, de acuerdo con un decreto de 1981, pasó a ser suelo no urbanizable y tras un plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público.

Para la Fiscalía, la incompatibilidad de la autorización era "conocida por los acusados, quienes decidieron autorizar dicha construcción sobre la base de su adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal", que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo, pero que no había sido aprobada definitivamente por la entidad supramunicipal competente "y que nunca lo fue".

Asimismo, el ministerio público pide la nulidad de las licencias concedidas. Así, para Julián Muñoz, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe y Marisa Alcalá se les pide 20 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público de concejal; mientras que para Dolores Zurdo y Pedro Román se pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.