SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó hoy un nuevo decreto que extenderá a todos los ciudadanos andaluces que sufrieron más de tres meses de privación de libertad durante el franquismo las indemnizaciones que viene concediendo desde 2001 y que, según las estimaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública, tendrá en torno a 1.500 beneficiarios que podrán percibir 1.800 euros en un pago único.
Según explicó en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, este nuevo decreto ofrece la cobertura de estos beneficios a aquellas personas afectadas por la represión de la dictadura que no pudieron acogerse a las convocatorias de 2001 y 2003, debido principalmente a las dificultades para acreditar la documentación exigida en los plazos previstos.
Por este motivo, la norma aprobada hoy abre una nueva convocatoria, ya sin plazo alguno para que los interesados realicen sus solicitudes, simplifica los trámites y establece una indemnización en pago único de 1.800 euros. Bajo la cobertura de los decretos de 2001 y 2003 la Junta indemnizó a 2.180 personas, lo que supuso un coste total de 9,03 millones de euros.
Al igual que en 2003, tendrán derecho a la misma todas aquellas personas que durante el franquismo, y por motivos políticos, estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por un periodo superior a tres meses y no resultaron favorecidas por las indemnizaciones del Gobierno central en 1990 ni por las dos convocatorias anteriores de la Junta de Andalucía.
Residir en un municipio andaluz y acreditar la privación de libertad sufrida son algunos de los principales requisitos exigidos para los solicitantes. Si el ex preso o represaliado hubiera fallecido, podrán solicitar la indemnización el cónyuge o aquella persona que sin serlo perciba pensión de viudedad por tal motivo.
Según Cervera, la voluntad de la Junta con este nuevo decreto, "más allá del cantidad económica simbólica" que recibirán los beneficiarios, se centra principalmente en reconocer públicamente la labor de las personas que lucharon por la defensa de la libertad y la democracia durante la dictadura franquista.
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