SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía va a presentar un requerimiento formal al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que retire del Real Decreto 1058/2015 por el que se regulan las características generales de la prueba de evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para así intentar "desde el diálogo y la negociación" la retirada de esta 'reválida' antes de tener que recurrir la medida al Tribunal Supremo (TS).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que los servicios jurídicos estudian la posibilidad de recurrir dicho decreto "por sus graves defectos en su proceso de tramitación y de consulta a las comunidades autónomas", y que analizan actualmente la fórmula "más oportuna" para lograr la retirada o derogación.
Ha criticado que el Ministerio ha aprobado esta normativa básica "sin el preceptivo informe de la Conferencia Sectorial y sin contar con el consenso que es imprescindible para un norma como esta, así como todo lo que atañe a la educación". "Ya lo hizo con la Lomce, al aprobarla sin diálogo, y ahora lo ha vuelto a hacer en su aplicación", ha apostillado.
Por eso, ha puntuado al Gobierno de España con "un cero en diálogo", y ha explicado que aunque los servicios jurídicos de la Junta están estudiando un recurso para pedir la retirada de esta norma, previamente van a presentar este requerimiento formal para intentar, "desde el diálogo y la negociación", la retirada de esta 'reválida'.
Según ha expuesto Vázquez, merced del informe que ha presentado la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, al Consejo de Gobierno, el modelo de 'reválida' recogido en el Real Decreto va a "provocar incertidumbre, inquietud y tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado, además de afectar negativamente al normal desarrollo del calendario escolar por su complejidad organizativa y un coste económico sin financiación estatal".
"UNA CLARA TENDENCIA AL CENTRALISMO"
Además, ha señalado la consejera en su informe que la norma estatal impone a las comunidades autónomas la obligación de diseñar, aplicar y corregir unos exámenes destinados al alumnado de 6º de Primaria. A juicio de De la Calle, "es dudoso que estas pruebas impuestas por el ministerio sirvan para valorar adecuadamente si el alumnado ha alcanzado los objetivos generales de la etapa, ya que se realizan sólo sobre dos de las ocho competencias básicas establecidas para la Educación Primaria".
En el informe, la consejera ha destacado que la evaluación tampoco aportará información decisiva para la detección temprana de las necesidades del alumnado, ya que se lleva a cabo al final del último curso de la etapa y, por tanto, "demasiado tarde para que se adopten medidas en esta materia".
En este sentido, asegura que una única prueba de estas características "tampoco parece ser el instrumento adecuado para proporcionar una información válida, fiable y distinta a la que el profesorado aporta en su informe final individualizado para cada alumno a final de etapa".
La titular de Educación ha subrayado, asimismo, que con esta 'reválida' el alumnado de Primaria recibirá una calificación final expresada en términos "muy reduccionistas, sin considerar su progreso individual ni su proceso de adquisición de las competencias correspondientes, por lo que se pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que debe aplicarse". Asimismo, añade que "no respeta la autonomía de los centros educativos y no servirá para mejorarlos, ya que es imposible hacer una valoración de un centro sólo a partir de resultados parciales".
A juicio de la consejera, esta medida pone en evidencia "una clara tendencia al centralismo y una imposición de criterios de valoración contrarios a la adecuación del proceso educativo al contexto, siguiendo modelos pedagógicos orientados únicamente a la superación de las pruebas y que dejan sin valor el resto de enseñanzas".
Por último, De la Calle ha recordado que la evaluación del sistema educativo es "imprescindible" para conocer y mejorar su funcionamiento y sus resultados, así como para poner en valor los conocimientos adquiridos, "pero nunca para establecer 'rankings' competitivos entre el alumnado o territorios, tal y como permite este decreto".
