SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena a la Consejería de Agricultura y Pesca a pagar 3,98 millones de euros a la aceitera sevillana Hijos de Espuny por las pérdidas que sufrió a causa de la alarma sanitaria decretada en julio de 2001. Según defendió, "se limitó" a ejecutar medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad, dirigido entonces por Celia Villalobos (PP).
Preguntado por los periodistas en rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, anunció hoy que la Administración autonómica, que "no va a aceptar" el pago de la indemnización, ha iniciado ya el procedimiento del recurso de casación, que consideró un recurso previo "a lo que supone el contendido de la defensa del interés de la comunidad autónoma".
Así, tras indicar que la compañía demandante consideró irregular la aplicación del principio de precaución, Pérez Saldaña recordó que se trató de una decisión de la ministra de Sanidad, quien "directamente determinó la obligatoriedad por parte de las comunidades autónomas de poner en marcha mecanismos de inmovilización del aceite de orujo por el contenido de elementos que podían producir alerta alimentaria".
Esta decisión, según explicó, fue notificada a la Consejería de Salud andaluza mediante "los sistemas coordinados de intercambios rápidos de información", con lo que su departamento, a instancias de esta consejería y "a demanda de la normativa del Ministerio de Sanidad, intervino para impedir que se produjesen daños", teniendo cuenta problemas anteriores como los del aceite de colza o el mal de las vacas locas.
En este sentido, el consejero recalcó que la Administración regional "se limitó a ejecutar las medidas aconsejadas por el Ministerio". En cualquier caso, rechazó que esta decisión se adoptara con "falta de rigor científico", puesto que, según mantuvo, se valoró "toda la información técnica disponible por las autoridades sanitarias".
OTRAS DEMANDAS
Pérez Saldaña, que dijo que se están tramitando otras demandas presentadas por el mismo motivo contra la Consejería de Agricultura, dijo haber trasladado a los ministerios de Agricultura y de Sanidad y Consumo "el contenido" de estas cuestiones y concluyó que "habrá que esperar a la determinación de la Justicia".
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA condenó a la Consejería a pagar 3.986.053 euros a la empresa aceitera, con sede en Osuna (Sevilla), debido a las pérdidas de la compañía tanto en gastos directos como en lucro cesante en el mercado como consecuencia de la alarma sanitaria decretada en julio de 2001, ante una información aparecida en un periódico checo que indicaba que el aceite de orujo contenía sustancias cancerígenas.
El recurso de casación implica que, al ser tramitada la sentencia por vía administrativa, la ejecución del pago a la empresa, cuyos intereses ha llevado el letrado Manuel Salinero, no se llevará a cabo hasta que no se avalen las pruebas.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala relata cómo los hechos sucedieron cuando en mayo del año 2001 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicó al Ministerio de Salud y Consumo la noticia aparecida en el diario 'Mlada Fronta Dnes', que hacía referencia a varias marcas de aceite de orujo español cuyo consumo a largo plazo podía contribuir a la creación de células carcinógenas.
Una vez realizados los informes por el Laboratorio Arbitral Agroalimentario, estos confirmaron la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos, aconsejando minimizar "tanto como sea posible" la exposición humana al producto, por lo que se decretó la alerta sanitaria afectando a los productos bajo la denominación de "aceite de orujo refinado de oliva" y "aceite de orujo de oliva". La medida fue levantada 14 días después de su adopción.
