La oposición insiste en la corresponsabilidad del Gobierno andaluz de la situación urbanística "donde consintió la corrupción municipal"
SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, instó a los partidos a "apuntar bien a la hora de determinar quienes son los culpables de la situación urbanística de Marbella (Málaga)", puesto que "podrían llevar a la confusión y a callejones sin salida a los ciudadanos perjudicados que presenten demandas donde pidan responsabilidades a ciertas administraciones por indicación de ciertos partidos empleando argumentos mezquinos, cuando los culpables de conceder las licencias son los que deben pagar, y tienen nombres y apellidos, no existe nebulosa".
En la comisión de Infraestructuras en el Parlamento andaluz, la consejera defendió la actuación de la Junta en materia urbanística y de control en esta materia en Marbella y aseguró que la Junta viene actuando desde 1992, tras lo que aseguró que "los culpables, que deben pagar por lo que han hecho, tienen nombres y apellidos".
Gutiérrez rechazó las acusaciones de "torpeza" en su actuación y aseguró que la Junta "actuó de forma sistemática y persistente en el ámbito de las impugnaciones".
"Deben apuntar bien las responsabilidades, y sobre quien y como tienen que pagar las indemnizaciones que se pidan y lo importante es restituir al Ayuntamiento de Marbella y a los ciudadanos todo los que les han quitado y los incumplimientos del ordenamiento jurídico", agregó la consejera, quien aseguró que en materia de demoliciones de viviendas ilegales, la Junta "colaborará con los tribunales para que la actuación sea conforme a derecho". Además recordó que existen mecanismos "para que ningún derecho de los ciudadanos que actuaron de buena fe se queden sin salvaguardar".
La consejera hizo un recorrido histórico en materia de planeamiento, "donde el Gobierno de Jesús Gil llegó incluso a aprobar su Plan de Ordenación Urbana en un pleno nocturno en 1998, que después fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía"; así como un recorrido por la impugnación de licencias y la apertura de procedimientos de solicitud al Ayuntamiento marbellí de revisión de oficio de licencias urbanísticas.
En ese sentido y sobre las impugnaciones de licencias otorgadas por el Ayuntamiento, la consejera agradeció a los tribunales su "diligencia por aceptar y acceder, mediante un auto emitido en 2003, al criterio de la Junta, a pesar de existir una jurisprudencia que establecía la presunción de legalidad a favor de la licencia otorgada por el Ayuntamiento por encima de la reclamación de la Junta".
El TSJA consideró que "existía un gran volumen de impugnaciones realizadas por la Junta, que en ese momento superaba las 130 actuaciones".
Sobre estas impugnaciones, precisó que hasta el momento cuentan con 34 sentencias favorables a la Junta, anulatorias de los acuerdos municipales "pues las licencias se otorgaron sin ajustarse a ningún planeamiento vigente". Precisó que de esas 34 sentencias, 16 ya son firmes.
Gutiérrez insistió en la idea de que en Marbella "se ha producido una vulneración de la legalidad por parte de los equipos municipales", lo que llevó a la Junta a "efectuar durante más de 14 años una labor ordinaria y extraordinaria de control".
SUSPENSION DE OTRAS 56 LICENCIAS
En cuanto a la revisión de oficio de las licencias, la Consejería desde 2003 hasta la actualidad, solicitó al Ayuntamiento de Marbella la revisión de oficio de 56 licencias urbanísticas otorgadas por infracciones a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La consejera destacó la "validez e importancia" de esta vía, que ha sido confirmada el pasado 30 de junio por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga del TSJA), donde se considera que "es conforme a derecho solicitar la revisión de oficio de una licencia por ser nula de pleno derecho y recurrir pidiendo la suspensión de la licencia otorgada".
PLANIMETRIAS PARA INICIOS DE 2007
En materia de planeamiento, Gutiérrez hizo un recorrido de la situación, a lo largo del que el Parlamento solicitó en varias ocasiones la retirada de las competencias sobre planeamiento al Ayuntamiento, hasta que la Ley que lo posibilitó fue aprobada en 2005 y se pudo iniciar el expediente de atribución de las competencias sobre planeamiento a la Junta.
Sobre este tema, la consejera hizo especial referencia al auto del TSJA de noviembre de 2006 que desestima la petición del PP de suspensión cautelar del acuerdo de Consejo de Gobierno de retirar de las competencias urbanísticas, un acuerdo recurrido por la citada formación política por la vía contencioso-administrativa.
Explicó que tras la retirada de competencias y la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y con la finalidad de ejercer esas competencias urbanísticas, la Junta puso en marcha la Oficina de Planeamiento Urbanístico, que prevé en el primer trimestre de 2007 estén elaboradas las planimetrías por parte del Instituto de Cartografía, para localizar de forma concreta donde se hallan las carencias y necesidades del municipio en cuanto a sistemas de equipamiento público, sistemas de movilidad, abastecimiento de agua y saneamiento, parques y espacios libres, servicios básicos e instalaciones portuarias, entre otras.
CONSENTIMIENTO DE LA CORRUPCION
Por su parte, el diputado del PP Jorge Ramos lamentó la "falta de autocrítica" de la Junta en su papel de "control" de la situación de Marbella "donde no puede delegar su responsabilidad en las instancias judiciales".
"La Junta conocía y consentía la corrupción y ha ejercido en estos años la doble práctica de dejar hacer y permitir durante los primeros años, en los que incluso había fluidez entre la Junta y los gobiernos GIL; y una segunda etapa donde la Junta ha planteado iniciativas ante instancias judiciales", agregó Ramos.
Este aseguró que en estos años "la Junta ha cobrado el Impuesto de Transmisiones a todos los compradores de buena fe que hayan adquirido una vivienda ahora declarada ilegal", por lo que "los compradores podrán demandar a la Junta por su negligencia al no arbitrar la posibilidad de que se pudieran tirar las viviendas".
El diputado de IU Ignacio García, quien insistió en la idea de que el caso de Marbella "es la punta del iceberg", consideró que la Junta "ha estado lenta y torpe en aplicar la Ley y pasaron bastantes años de contemplación, connivencia y palmaditas en la espalda por parte de PSOE y PP a los gobiernos municipales".
"No solo debe luchar contra la corrupción sino contra la mera especulación", agregó el diputado de IU, para el que "hay responsabilidades compartidas y la Justicia también las tiene, aunque los primeros responsables sean los corruptos".
García además se mostró en contra de legalizar viviendas ilegales "y hay sentencias de derribo que habrá que ejecutar, pues la dinamita cero es imposible y es necesario un escarmiento". Además consideró necesaria el empleo de bienes incautados en la Operación Malaya para indemnizar a los que adquirieron viviendas ilegales de buena fe.
Por su parte, la diputada del PA Carmen Pinto lamentó la "incertidumbre e inseguridad" que este proceso ha generado entre los vecinos de Marbella, "donde durante muchos años el control sobre el urbanismo por parte de la Junta dejó mucho que desear".
"La Junta en esta ciudad no actuó ni con el rigor ni con la celeridad oportunas y ahora debe acometer la acción impopular de demoler 334 viviendas, que va a propiciar el enfrentamiento entre los vecinos", agregó Pinto, que instó a la Junta a "buscar soluciones a las personas que actuaron de buena fe y van a pagar con la demolición de sus viviendas los fallos cometidos por el Ayuntamiento y consentidos por la Junta".
