Actualizado 27/06/2007 22:22 CET

Justicia acusa de "oportunismo" al consejero de Justicia de Madrid, porque los menores ya cumplen en prisión al hacer 18

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia hizo público hoy un comunicado en el que acusa de "oportunismo" o "desconocimiento" de la reforma de la Ley del Menor que entró en vigor el pasado 5 de febrero al vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, porque dicha modificación ya establecía que al cumplir los 18 años de edad los menores condenados puedan pasar a cumplir la condena en centros penitenciarios.

Justicia afirma que por ello la petición de Prada, realizada ayer durante una concentración en homenaje a la joven asesinada Sandra Palo, para la reforma estatal de la Ley del Menor, "ha causado sorpresa por lo que supone de desconocimiento de una normativa vigente".

"Son manifestaciones -señala el comunicado- que por el fondo y por la forma pueden valorarse como un ejercicio de oportunismo y, además, de desconsideración al Parlamento. Oportunismo porque se realizan aprovechando el clima de solidaridad que provoca uno de los más graves y reprobables crímenes de la historia reciente (el asesinato de Palo). Y desconsideración en cuanto implican reformar una ley ya aprobada en sede parlamentaria y que ha entrado en vigor para corregir determinadas deficiencias de la denominada Ley del Menor."

Según Justicia, la experiencia y la atención a determinadas demandas sociales obligó a modificar la ley para permitir que al cumplir dieciocho años la medida impuesta se pudiera cumplir en centros penitenciarios, cuando así lo decida el juez, oído el fiscal, la defensa, el equipo técnico y la entidad pública de reforma de menores en la que está ingresado.

En su opinión, la reforma impulsada por el Gobierno socialista, que ha permitido esta posibilidad que no existía con el PP, ha logrado el equilibrio entre los principios resocializadores de la legislación del menor y el respeto a los legítimos intereses de las víctimas.