Justicia pide al CGPJ que estudie adoptar medidas contra una juez de Alicante por graves imputaciones al Gobierno

Actualizado: miércoles, 31 mayo 2006 15:35

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia remitió hoy un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que le pide que estudie si considera conveniente adoptar "medidas" contra la juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dénia (Alicante) en funciones de encargada del Registro Civil, Laura Alabau, al entender que podría haber realizado "graves imputaciones al Gobierno" que pudieran ser "constitutivas de faltas graves".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio reproduce las imputaciones que Alabau incluyó en una carta dirigida al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo, para que requiriera al teniente fiscal de Alicante, José María López Coig, que se retractara o emprendería acciones legales por sus declaraciones sobre un presunto retraso en la tramitación de los expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo.

En ese documento, la juez afirmaba haber soportado hasta ahora "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y que el fiscal se había convertido "vergonzosamente en un apéndice de ese mismo Gobierno", al "perseguir", según ella, a quienes imparten "justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".

Según Justicia, "tales manifestaciones suponen una trasgresión de la mesura esperable de un funcionario sujeto a un estatuto específico como el que regula los derechos y deberes de los miembros de la judicatura" y suponen "una falta de respeto a la verdad, a la que se ofende sin aportar más fundamento que las apreciaciones personales de quién sostiene esos juicios".

"Además, incorpora una acusación directa, y carente de fundamento, al Gobierno, al que se imputa tener un aparato propagandístico y haber ejercido una persecución contra la juez firmante del escrito", añade la nota dirigida al CGPJ.

Para el Ministerio de Justicia, también las afirmaciones de la juez "suponen una falta grave de consideración respecto de los miembros del Ministerio Fiscal, pues se acusa al fiscal de comportarse vergonzosamente, de constituir un apéndice del Gobierno y de participar en la estrategia de persecución a los jueces".

"Estos alegatos --añade Justicia-- enviados a la prensa y difundidos por ésta, ponen en duda la profesionalidad del Ministerio fiscal y se realizan claramente en su descrédito", aemás de constituir una "conducta alejada de las funciones encomendadas a los órganos jurisdiccionales e incompatible con la imparcialidad y prudencia exigibles de ellos".

MULTAS DE HASTA 3.000 EUROS

Por este motivo, explica el Ministerio, se ponen en conocimiento del CGPJ "a efectos de que se adopten las medidas correspondientes, incluyendo, en su caso, la apreciación de las faltas graves previstas en el artículo 418, apartados 3 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Este tipo de faltas pueden ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.

La carta de Alabau, de la que se tuvo conocimiento la semana pasada, se envió tras la aparición de algunas informaciones en las que se decía que la juez tenía paralizados los expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo, y las declaraciones de López Coig al respecto.

En el escrito, la juez aseguró que "todos los expedientes están resueltos mediante auto" y que "las incidencias de recursos o notificaciones no son de su incumbencia", aunque sí destacó que la situación del registro hace que "el único que conoce" su trámite sea el funcionario titular, de modo que "en los ocho días en los que éste estuvo atendiendo la guarida el registro estuvo prácticamente paralizado".

A la juez le llamó "la atención" que el teniente fiscal "nunca hasta ahora se haya interesado por el trámite del Registro Civil y lo haga sólo respecto de los expedientes de matrimonios homosexuales, como si sólo ellos y no los demás tuvieran derechos fundamentales".

"Cuando insinúa que he retenido esos expedientes está afirmando que he dado una orden en tal sentido al funcionario, lo cual es falso y constituye un delito por su parte", añadía en el escrito la juez.