BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Departamento vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social lamentó hoy la actitud de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de no querer debatir con el Gobierno vasco la problemática en torno a los centros penitenciarios y criticó que tome decisiones sobre el futuro de las prisiones vascas "sin informar ni consultar" al Ejecutivo autónomo que, según dijo, "ejercerá esta competencia en el futuro".
En un comunicado, el Departamento de Justicia criticó que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no debata con el Gobierno vasco sobre la "grave situación" en las prisiones en Euskadi y las "angustiosas noticias que en relación con estos centros vienen trascendiendo".
La Consejería que dirige Joseba Azkarraga señaló que "es sabido desde hace muchos años, que las prisiones en Euskadi se hallan muy deterioradas y carecen del personal, las condiciones y los medios para garantizar la salud y la vida de las personas encarceladas". Sin embargo, denunció que "no parece que se ponga freno al continuo deterioro".
Justicia criticó que la respuesta que se ofrece a la situación de las cárceles "son los supuestos Planes de choque, de escaso éxito, y la construcción de dos nuevos centros de hasta 800 plazas cada uno".
En su opinión, ésta "no es la solución porque el problema no es sólo de infraestructuras", sino que "el problema es el modelo penal y penitenciario". En ese sentido, señaló que las leyes penales, en la actualidad, son "cada vez más punitivas, con lo que se produce una enorme población penitenciaria y el consecuente hacinamiento, falta de atención médica y falta de tratamiento".
La Consejería de Azkarraga destacó que en el año 2000 se atendieron a 45.000 personas en prisión "casi con los mismos medios que en 2005 a 62.000". Asimismo, denunció que en la prisión de Nanclares de Oca "se quiere atender a una población de casi 700 personas con dos psicólogos, lo que es imposible". "Así -advirtió- no es posible garantizar la salud, la vida y los derechos de las personas presas".
Asimismo, consideró que "tampoco conviene olvidar que la opinión dominante solicita respuestas penales para casi todos los problemas sociales y se escandaliza cuando se reinserta a una persona que ha cometido un delito".
El Departamento de Justicia recordó que la competencia en la materia de Prisiones "está recogida en el Estatuto de Autonomía desde 1979", así como que el Gobierno vasco "ha reclamado reiteradamente la transferencia, con el fin de asumir la responsabilidad que institucionalmente nos corresponde, para gestionar las prisiones conforme a otro modelo y con otros recursos".
"Pero no sólo no se nos transfiere dicha competencia, sino que ni siquiera se nos reconoce, y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias toma decisiones sobre el futuro de las prisiones en Euskadi sin informar ni consultar al Gobierno vasco, la institución que ejercerá esta competencia en el futuro", denunció.
Justicia insistió en que "con la construcción de más plazas de las que necesitamos, de un tamaño de centro que no necesitamos, el Gobierno Central nos hipoteca el futuro, cerrándonos la posibilidad de abordar en el futuro un tratamiento del delito distinto, conforme a un modelo distinto que tiene como objetivo prioritario la reinserción social de la personas recluidas".
