EKE sostiene que Diario de Navarra recibió ayudas a pesar de presentar documentos fuera de plazo, extremo rechazado por el fiscal
PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de instrucción número 2 de Pamplona ha acordado la apertura de juicio oral contra el director general de Universidades y Política Lingüística del Gobierno de Navarra, Pedro Pegenaute, y contra el director general de Enseñanzas Escolares y Profesionales, Fermín Villanueva, por un supuesto delito de prevaricación en relación con las ayudas a los medios de comunicación para el fomento del euskera del 2001.
La acusación particular, ejercida por la Fundación Euskara Kultur Elkargoa, presentó una querella al considerar que Diario de Navarra entregó documentos "fuera de plazo", a pesar de lo cual este periódico recibió una subvención de alrededor de 5 millones de pesetas.
Al entender que Pegenaute y Villanueva apoyaron el abono de la ayuda "a sabiendas" de que cometían una "irregularidad", piden para ellos 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.
Este extremo es rechazado por el fiscal, que considera acreditado que los justificantes llegaron dentro del plazo. Por este motivo solicitó el sobreseimiento de la causa, aunque la juez argumenta en el auto, fechado el 1 de febrero, que no concurren los supuestos.
ACUSACIÓN PARTICULAR
En su relato de los hechos, la acusación particular hace constar que en agosto de 2001 se publicó en el BON la convocatoria de ayudas para la utilización del vascuence en los medios informativos de prensa, radio y televisión de Navarra. A dicha convocatoria se presentó, entre otros medios, Diario de Navarra.
Los documentos de este medio sobre ingresos y gastos "tuvieron entrada en el registro" del departamento de Educación y Cultura el 18 de diciembre a las 9,03 horas, según la acusación. El plazo concluía el 15 de diciembre. Los justificantes de Diario de Navarra cuentan con un sello manual del departamento de fecha 17 de diciembre y otro el mecanizado del día 18. El Diario finalmente recibió en enero una subvención de 5.204.056 euros.
La acusación señala que Fermín Villanueva "a sabiendas de que Diario de Navarra presentó los documentos fuera de plazo, a sabiendas de su injusticia y con el ánimo de beneficiarle, emitió resoluciones favorables autorizando el abono de la subvención a dicho medio de comunicación".
Sobre Pedro Pegenaute, añade que igualmente conocía las "irregularidades existentes con Diario de Navarra" y "a sabiendas de su injustifica y con el ánimo de beneficiarle" firmó las resoluciones 10/2002, de 11 de enero, y 14/2002, de 25 de enero, en las que se abonaba la subvención adjudicada.
EN PLAZO
Por su parte, el fiscal destaca que queda "suficientemente acreditado" que los documentos "fueron presentados" el día 14 y que "por cuestiones puramente burocráticas" se registraron más tarde.
Así, recoge que Pegenaute y su secretaria afirmaron que el periódico entregó la documentación el 14 de diciembre, a través de su chófer. Tras llegar a su despacho, las remitió a Fermín Villanueva. El director general declaró que vio el sobre a última hora de la mañana de ese día y decidió entregarlo al jefe de la sección, Julen Calvo, el día 17 de diciembre. Julen Calvo confirma que así fue, relata.
El fiscal entiende que, si bien existe un sistema único de registro para el control de la actividad administrativa, en la práctica también se puede "recibir y aceptar documentos que hubieran sido presentados directamente y no a través del registro".
El delito de prevaricación castiga a la autoridad o funcionario que a sabiendas de su injusticia dicta una resolución arbitraria. El fiscal insiste en que la documentación de presentó dentro de plazo y que fueron "meras irregularidades administrativas" las que provocaron que no constara la fecha. "En modo alguno se pude calificar esa irregularidad como ilegalidad patente y clara, lo que excluye la posible existencia de un delito de prevaricación", valora el fiscal.
En el auto, además de rechazar el sobreseimiento de la causa, la juez mantiene la medida cautelar de libertad provisional para los imputados, con la única obligación de comparecer ante el juzgado cuando sea llamado y a notificar cambios de domicilio. En el auto, también requiere a los acusados a que en un plaza de un día presenten una fianza de 600 euros, "para asegurar las responsabilidades pecuniarias" que se les pudiera imponer.
