Un Juzgado de Leganés devuelve a la Audiencia Nacional parte de la causa sobre la presunta trama de corrupción policial

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado número 1 de Leganés (Madrid) ha devuelto a la Audiencia Nacional parte de la causa sobre la presunta trama de corrupción policial de cuya investigación se inhibió a mediados de diciembre el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, al declararse exclusivamente competente para investigar lo relativo al tráfico de explosivos por ser el único hecho de la causa que supuestamente se cometió en este municipio, informaron hoy fuentes jurídicas.

La Audiencia Nacional tendrá ahora que remitir el resto del procedimiento a los juzgados competentes para que se instruya en el lugar de comisión de los presuntos delitos cometidos por los implicados. Las mismas fuentes indicaron a Europa Press que la investigación relativa al delito de revelación de secretos podría recaer sobre un juzgado de Instrucción de Madrid por ser el lugar donde se cometió, mientras que en los Juzgados de Móstoles se podrían investigar el resto de delitos como la detención ilegal de una ciudadana rusa.

En su auto de inhibición, Del Olmo recalcó que los juzgados de Instrucción de Leganés son los competentes para continuar con las averiguaciones porque fue en este territorio donde el pasado mes de agosto se produjo el presunto delito de tráfico de explosivos que inició la investigación.

El magistrado justificó su decisión en que, a lo largo de la instrucción judicial, el presunto delito de colaboración con organización terrorista que se creía que existía "se ha ido diluyendo, y ha surgido la presunta existencia de una trama delictiva, formada por algún miembro de las Fuerzas de Seguridad, que con incumplimiento de sus obligaciones legales, presta su capacidad operativa para presuntos delitos de tráfico de sustancias explosivas, tráfico de drogas y otros".

Según el juez, en el curso de la investigación sobre los explosivos se produjo la ampliación de la instrucción judicial a otro eventual delito, la revelación de secretos con grave perjuicio a la causa pública. Indica que, en todo caso, ninguna de estas conductas son competencia de la Audiencia Nacional, por lo que procede su inhibición de la causa.

Del Olmo mantiene imputadas a siete personas en esta causa, cuatro de ellos funcionarios de Policía, y tres civiles. A dos de los agentes, Jesús Parrilla y Celestino Rivera, les imputa un delito de revelación de secretos, mientras que a los otros cinco (los policías José Luis González Clares, Luis López Hidalgo el matrimonio formado por Manuel Romero Moreno e Isabel García y un abogado) les acusa de tráfico de explosivos, tráfico de drogas y detención ilegal, entre otros delitos.