MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los 18 Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los 417 con competencias compartidas registraron 148.448 asuntos penales desde el 29 de junio del pasado año hasta el 30 de julio de 2006, según los datos ofrecidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, se incoaron 45.950 diligencias urgentes por la vía de juicio rápido, 78.614 diligencias previas de procedimiento abreviado, 13.308 instrucciones para el enjuicimianto de delitos penados con pena de cárcel hasta 9 años y 251 sumarios para delitos penados con pena de prisión su superior a los nueve años.
En este primer año de funcionamiento de los Juzgados exclusivos sobre la Mujer, en los que se investigan delitos de violencia de género en el ámbito de la pareja, se celebraron un total de 9.262 juicios de faltas, de los que 5.026 fueron juicios rápidos.
En cuanto al tipo penal, un 45% fueron delitos de lesiones, un 13% contra la libertad, un 8% contra la integridad moral, un 4% contra los derechos y deberes familiares y un 1% contra la libertad sexual.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN.
Respecto a las órdenes de protección, los datos reflejan que se solicitaron un total de 35.525 peticiones, de las cuales 27.366 fueron acordadas, mientras que 7.445 no lo fueron. Por el momento, quedan pendientes de resolver 714 órdenes de protección. Un 70% de hombres fueron denunciados y un 30% las mujeres.
Según el CGPJ, un total de 35.540 mujeres solicitaron órdenes de protección, de las cuales fueron 24.735 españolas, 10.805 extranjeras, 34.494 mujeres de mayor edad y 1.046 de menor edad. Los datos muestran que se incumplieron 2.865 medidas cautelares acordadas en el ámbito penal y 339 de naturaleza civil. Un total de 3.434 personas fueron condenados como consecuencia de quebrantar estas medidas.
De las medidas penales derivadas de las órdenes de protección, un 97% corresponden a órdenes de alejamiento, un 87% a la prohibición de comunicación, un 26% a la prohibición de volver al lugar de residencia de la víctima, un 18% a la suspensión de tenencia y uso de armas y un 11% a la cárcel.
En cuanto a las medidas civiles, un 21% se refieren a la atribución de la vivienda, el mismo porcentaje para la prestación de alimentos y un 14% a la custodia y comunicación con los hijos.