Juzgan desde mañana en Málaga a 16 personas acusadas de quedarse con subvenciones de organismos en caso FARA

MALAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga juzgará desde mañana lunes a 16 acusados en el denominado caso FARA (Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes), para los que la Fiscalía solicita un total de 89 años y medio de prisión y les acusa de los delitos de apropiación indebida de parte de subvenciones de organismos oficiales, falsedad en documento, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales.

Según fuentes judiciales, las sesiones, que se celebrarán los lunes y los martes hasta el 5 de junio, tendrán lugar en la sala de vistas de la Sección Quinta de la Audiencia de Málaga y están citados 61 testigos y un perito, apuntaron a Europa Press las mismas fuentes. Así, tanto el primer día como el segundo se dedicarán a cuestiones previas y a la declaración de los procesados.

El fiscal solicita para el presidente del colectivo desde 1998, Vicente R.A., conocido como 'El Querillo' y jefe de una de las familias que integran el clan de los 'Charros', un total de 12 años y medio por los delitos de apropiación indebida, con concurso con un delito contra la Hacienda, y amenazas y coacciones, al entonces consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña.

En las conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, el fiscal mantiene que el anterior, al parecer, llegó "de forma violenta y antidemocrática" a la presidencia. La junta directiva estaba formada además por Ramón V.C. como tesorero; Andrés A.M., como interventor de cuentas, y Salvador P.A., como secretario.

El presidente contrató al acusado Valeriano G.G. para llevar la contabilidad y justificar las subvenciones; mientras que José María A.N., María del Carmen Ll.R. y Carlos S.G. preparaban la documentación para dichas ayudas. Estos acusados, ejecutando "un plan preconcebido y con ánimo de ilícito beneficio", comenzaron a desviar cantidades "importantes" de las subvenciones recibidas "para darles un uso particular y obtener beneficios, que, en ningún caso, revertían en ayudas al pueblo gitano".

En este sentido, los responsables de la FARA no justificaron más de 208,1 millones de las antiguas pesetas --1,2 millones de euros--; mientras que acreditaron con justificantes no válidos 49.515 euros, según la calificación inicial; todo procedente de las ayudas otorgadas por el Ministerio de Asuntos Sociales, las consejerías de Asuntos Sociales y Empleo, la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, las diputaciones de Málaga y Almería, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y el Ayuntamiento de Antequera (Málaga).

Para desviar estos fondos, utilizaban, presuntamente, contratación ficticia de trabajadores y traspasos de dinero entre las cuentas de la Federación y de Vicente R.A. y su familia para dificultar el seguimiento del dinero. De esta forma, la mujer, Josefa P.G., sus hijos, Justo R.P. y María del Carmen R.P., y su compañera sentimental, María Victoria L.R. actuaban de testaferros, ocultando el origen ilícito del dinero y adquiriendo bienes.

FACTURAS FALSAS

Además, supuestamente utilizaban facturas falsas y recibos duplicados. Valeriano G.G. emitió varias facturas ficticias de alojamientos y consiguió que el también acusado Raimond I.I., administrador de la empresa Oldkraft, emitiera otras a nombre de la FARA, supuestamente, por la compra de material escolar, venta que "nunca se produjo".

Asimismo, el secretario del colectivo Salvador P.A. firmó una certificación en el que afirmaba que una factura se correspondía al desarrollo de un curso, cuando se trababa de alojamiento del presidente y otras tres personas.