Koldo acusa al Supremo de investigar más de lo que autorizó el Congreso y pide archivar la causa

   MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

   El exasesor ministerial Koldo García ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) la nulidad de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo al entender que investiga "hechos distintos a los autorizados" en el suplicatorio concedido por el Pleno del Congreso al exministro de Transportes José Luis Ábalos, por lo que ha pedido el archivo de la causa.

   En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Koldo señala que "la extensión de la investigación a hechos no autorizados vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley", en cuanto "que se les priva del derecho a la doble instancia penal".

   Asimismo, argumenta que el Congreso autorizó al Supremo a investigar a Ábalos por "las supuestas adjudicaciones irregulares" a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, de contratos para comprar material sanitario en plena pandemia, pero que después "ha ido extendiendo las pesquisas", incluso abriendo una pieza separada para investigar los presuntos amaños de obra pública, y que eso excede el ámbito del suplicatorio concedido en su día por la Cámara Baja. A su juicio, todo lo que supera el permiso parlamentario debe anularse y archivarse.

   Tanto el exministro Ábalos como su exasesor están citados a declarar este miércoles y jueves, respectivamente, en la nueva comparecencia fijada por el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, tras detectar "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

   En el informe, la UCO detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).

   Con todo, el magistrado cree que Ábalos y Koldo "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".

"EXTRALIMITACIÓN" DEL SUPLICATORIO

   El escrito de la defensa de Koldo pidiendo la nulidad de las actuaciones judiciales hace hincapié en que la investigación "debe circunscribirse estrictamente a los hechos delictivos por los que se solicitó" el suplicatorio a Ábalos, acordado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 22 de enero de 2025.

   La defensa recuerda que entre los hechos para los que se pide el suplicatorio son "la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas" en el marco de la pandemia; los alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces pareja sentimental de Ábalos; el alquiler con opción a compra de un chalet en la costa, en La Alcaidesa (Cádiz); y el piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana.

   "Cualquier diligencia que se dirija a la investigación de hechos nuevos o de nueva noticia que no fueran expresamente incluidos en la solicitud de suplicatorio original, constituye una extralimitación del ámbito material autorizado por la Cámara, lo cual podría implicar inviolabilidad parlamentaria, y en su caso, la vulneración del derecho al juez predeterminado por la Ley, justificando la nulidad de las actuaciones que solicitamos por medio del presente escrito", ha argumentado.

   Al respeto, la defensa expone que ha detectado que existen hechos investigados "al margen de lo autorizado por la Cámara del Congreso", en concreto relacionados con la "financiación pública de Air Europa"; gestiones "realizadas en favor" de Villafuel para "la licencia de operador de hidrocarburos"; gestiones del empresario Aldama con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "para la obtención de aplazamientos tributarios"; la colocación en empresas públicas de Jessica Rodríguez y Claudia Montes; o posibles comisiones en las adjudicaciones de obras públicas.

   Así, la defensa entiende una "inconexión y extralimitación" del objeto de la presente investigación al carecer "de toda conexión material con el objeto tasado y delimitado del suplicatorio cursado y aprobado, produciéndose una extralimitación del mismo". También ve "vicio de procedimiento por falta de autorización" al señalar que "se ha prescindido del trámite esencial de la preceptiva autorización de la Cámara del Congreso, infringiendo la garantía constitucional de la inmunidad parlamentaria".

   "Esta inobservancia determina, como consecuencia ineludible, la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones y resoluciones judiciales que versen sobre los hechos no expresamente autorizados por el órgano cameral", concluye el escrito.