Cayo Lara avisa de que los que no coincidan con IU deberán explicarlo

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Cayo Lara ha reiterado en Zaragoza que la "convergencia" es seña de identidad de su partido y ha advertido que si "alguien" no quiere coincidir con IU, "serán ellos los que lo tengan que explicar".

Así, ha reiterado que IU apuesta "de manera decidida" por la convergencia con otros partidos "para tener más representación en las instituciones y vencer las políticas neoliberales, que no compartimos, y tienen mucho que ver con la situación de desastre" que, a su juicio, hay en España.

Ha recalcado que la convergencia "forma parte del ADN de nuestra organización" y ha advertido de que "si alguien no quiere coincidir con nosotros, serán ellos quienes lo tengan que explicar a la gente". En su opinión "hay que ir a las convergencias para sumar, para hacer frente a este desastre".

El líder federal de IU ha considerado que su marca electoral es "símbolo de seriedad, de solvencia, de rigor, de gente que nos comprometemos, que no solo estamos en la lucha y la manifestación, sino que estamos en la alternativa concreta" y además son "gente responsable" y que lo han demostrado en las instituciones.

A su juicio, los procesos de convergencia "están funcionando de una manera extraordinaria" en Zaragoza y otros municipios de Aragón, ha asegurado este miércoles el coordinador general de IU, Cayo Lara, quien ha protagonizado el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), en la capital aragonesa.

Lara ha animado a participar en las Marchas por la Dignidad del próximo 21 de marzo, en las que se reivindicará el derecho a "pan, techo y trabajo", añadiendo que "nos vamos a mover para intentar conquistar las voluntades de la mayoría de los ciudadanos" con las propuestas de una fuerza política de izquierdas y republicana.

Lara ha dejado claro que IU promoverá la derogación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la "ley mordaza", y también se ha quejado de que la Fiscalía pida un total de 64 años de cárcel a ocho trabajadores por participar en huelgas generales y 300 sindicalistas han sufrido expedientes administrativos y judiciales, lo que se enmarca en la "ola ofensiva" del Gobierno de España "para reprimir la protesta social" contra el "austericidio".