Actualizado: viernes, 21 julio 2017 15:47

El presidente del CGPJ ha hecho hincapié en estas dos reformas para garantizar el mejor funcionamiento y la modernización de la Justicia

EL ESCORIAL, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, ha apostado este viernes por una nueva arquitectura judicial y por la aprobación que una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que garanticen el mejor funcionamiento y la modernización de la Justicia en España.

En este sentido, Lesmes ha reclamado una nueva organización judicial que determine "la organización de las demarcaciones judiciales" y apueste por "un modelo organizativo basado en la colegiación de los organos de justicia".

Asimismo, ha señalado la "necesidad" de acometer una reforma del proceso penal que, a pesar "de las últimas modificaciones", sigue "regido por un modelo poco acorde a las exigencias de los últimos tiempos". No obstante, el magistrado ha señalado que "todavía" hay margen para explorar un nuevo diseño de Enjuiciamiento Criminal".

Carlos Lesmes se ha expresado así en su ponencia de clausura del curso 'Pacto de Estado para la Justicia' que se enmarca en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid que se celebran en San Lorenzo de El Escorial.

Como presidente del CGPJ, Lesmes ha asegurado que la institución quiere contribuir a un programa de reformas estableciendo "condiciones objetivas" que garanticen la "seguridad y la independencia judicial".

Además, ha resaltado la iniciativa de la subcomisión de estudio y definición de la Estrategia Nacional de Justicia a la que, según ha indicado, apoyará en todas las iniciativas "que tengan por finalidad mejorar la Justicia".

Con todo, el presidente del Tribunal Supremo también resaltado las conclusiones del último informe de la Evolución de la Corrupción, en el que se recomienda la mejora de selección de altos cargos del Poder Judicial. En este sentido, el magistrado ha señalado que se debe "reflexionar" y ha apuntado que este sistema exigiría la implantación de mecanismos para "la adecuada valoración" y la "evaluación" del desempeño de los jueces.

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