MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la prórroga de la participación española en la misión internacional en Libia, una vez recibida la autorización del Congreso de los Diputados, que el pasado 20 de junio aprobó continuar en la operación de la OTAN sin plazos de vuelta.
En la prórroga --que fue defendida en la Cámara Baja por las ministras de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, y Defensa, Carme Chacón-- se prevé que España continúa participando en la operación 'Protector Unificado' con los mismos medios y sin cambiar de tareas.
En la actualidad, España aporta a la misión cuatro aviones F-18 y dos aviones de reabastecimiento en vuelo, con un total de 108 efectivos, para la misión de mantenimiento de la zona de exclusión aérea. En cuanto al embargo naval, contribuye con una fragata, un submarino y un avión de vigilancia marítima, con un total de 305 efectivos. El número máximo de efectivos autorizados se mantiene en quinientos.
La OTAN acordó formalmente el pasado 1 de junio, en la reunión del Consejo del Atlántico Norte, prorrogar otros 90 días la operación a partir del 27 de junio, en aplicación de las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El plazo de tres meses que previó el Gobierno --tras un inicial de un mes para la zona de exclusión aérea-- se cumplía esta semana, por lo que el Gobierno aprobó solicitar al Congreso una prorroga indefinida, de manera que las tropas españolas continuarán participando en la operación "hasta que finalice".
La solicitud del Gobierno fue apoyada, además de por el PSOE, por PP, CiU y PNV, que, no obstante, avisaron de que su voto no es un "cheque en blanco" al Gobierno. Además, 'populares' y nacionalistas vascos reclamaron "información más detallada" sobre la misión.
UPyD optó por abstenerse ya que, después de haber apoyado las anteriores prórrogas con fecha de caducidad, no acepta que ahora se plantee una ampliación indefinida para la que no ve suficiente justificación e IU reiteró su "radical oposición" a la intervención militar pero prefirió no participar en la votación del Congreso al considerar que todo el trámite parlamentario es un "fraude ley".
