Llamazares pide una reunión con Conde-Pumpido para conocer sus criterios a la hora de salvaguardar la libertad sindical

Actualizado: jueves, 9 marzo 2006 17:27

Muestra su preocupación ante la posibilidad de que se esté dando "un retroceso en las libertades consagradas en la Constitución"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha remitido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en la que le solicita una reunión "para conocer sus criterios de actuación en relación con el ejercicio de la libertad sindical en nuestro país".

Llamazares asegura que existe "preocupación" en Izquierda Unida por algunas de las últimas decisiones del Ministerio Fiscal tras las que se ha tendido a "sanciones máximas contra trabajadores y sindicalistas incursos en procesos judiciales derivados de conflictos laborales". Señala que "se dan casos en que las penas solicitadas por la Fiscalía superan a la de la acusación particular".

El líder de IU traslada al fiscal general las reservas que produce a esta organización el hecho de que se pueda estar ante "un retroceso en el ejercicio de las libertades consagradas por nuestra Constitución", en casos en que los trabajadores han defendido su derecho de acción sindical para reivindicar reformas laborales "frente a situaciones de injusticia social y de represión sindical".

En su escrito, Llamazares pone cuatro ejemplos que afectan al presidente del comité de empresa de Astilleros (Sevilla), a cinco sindicalistas de CC.OO, a concejales de IU en Andalucía y a sindicalistas del SOC para ilustrar estas preocupaciones.

APOYO A DIEGO CAÑAMERO

Al margen de esta iniciativa, pero en esta misma línea, IU ha mostrado esta semana su "total apoyo" al secretario del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Diego Cañamero, ante el juicio rápido al que deberá comparecer mañana en los Juzgados del Prado de San Sebastián (Sevilla).

Éste se enfrenta a una acusación por los hechos que se sucedieron tras la "brutal y desproporcionada carga policial del pasado 28 de febrero como respuesta a la pacífica protesta de los jornaleros en contra de la concesión del título de 'Hija Predilecta de Andalucía' a Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, por parte del Gobierno andaluz".