Llamazares pregunta al Gobierno sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en ría de Ferrol por un buque de gas

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha registrado en el Congreso una pregunta por escrito dirigida al Gobierno para que precise "quién fue la autoridad que ordenó la intervención de las fuerzas de seguridad para despejar la Ría de Ferrol durante la entrada en la misma del buque 'Galicia Spirit'".

Según explica el grupo en una nota de prensa, este buque, cargado con 140.000 metros cúbicos de gas licuado, arribó el pasado martes -tras cuatro intentos- a las instalaciones de la regasificadora Raganosa en Murgados (A Coruña), después de que un amplio dispositivo policial formado por unidades antidisturbios de la Policía Nacional y patrulleras de la Guardia Civil "limpiasen" la zona de las lanchas de mariscadores de la Cofradía de Ferrol que impedían que este metanero atracase en la Ría.

Ante la "actuación contra los mariscadores", Llamazares ha demandado al Ejecutivo una respuesta para que informe si durante el despliegue de las fuerzas de seguridad para permitir la entrada del 'Galicia Spirit' "se produjeron daños en las embarcaciones de los mariscadores" debido a la actuación policial.

A este respecto, tras comprobar la "contundencia" con la que las fuerzas de seguridad se emplearon contra la cincuentena de embarcaciones que impedían la entrada del buque, el coordinador general de IU indica que desea saber "si han primado los intereses empresariales de unos pocos sobre las demandas y la preocupación de los mariscadores de la comarca".

Igualmente, Llamazares también pregunta al Gobierno sobre la existencia o no de estudios e informes "sobre los riesgos que la entrada de este tipo de buques en la Ría entraña para la población civil de la comarca".

Finalmente, recuerda que su Grupo Parlamentario ya demandó al Ejecutivo una respuesta sobre la "paralización" de las obras de la regasificadora Raganosa en Mugardos tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que "anulaba la declaración de efectos ambientales de la obra realizados por la Xunta de Galicia, gobernada por el PP".