Los partidos extremeños admiten que "no es una prioridad" para los ciudadanos y rechazan comparaciones con otras comunidades
MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, llevó hoy al Congreso de los Diputados la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad para que inicie en las Cortes Generales su tramitación definitiva. El texto, el décimo cambio estatutario que llega a la Cámara desde 2004, deberá esperar hasta el mes de noviembre para superar su primer examen en sesión plenaria.
Ferreira llegó al Congreso pasadas las doce del mediodía e inmediatamente se dirigió al registro de la Cámara para después ser recibido por su presidente, José Bono, quien le deseó "suerte" en la tramitación texto estatutario y le explicó los pasos que deberá superar antes de su aprobación definitiva.
Según señaló el presidente de la Asamblea autonómica, Bono le trasladó que la Mesa del Congreso calificará mañana mismo la propuesta de reforma para enviarla a la Junta de Portavoces, que previsiblemente fijará el día 17 de noviembre para su primer debate de toma en consideración. Una delegación de Extremadura, encabezada por su presidente, Guillermo Fernández Vara, tendrá oportunidad entonces de exponer a los diputados el contenido de la propuesta.
APOYO UNÁNIME
Ferreira recordó que el texto llega al Congreso con el apoyo unánime de la Asamblea extremeña y explicó que "mantiene la esencia" del Estatuto todavía vigente, aprobado en 1983, pero introduce "debates importantes en la nueva sociedad", como los relacionados con el cambio climático, las nuevas tecnologías o las energías alternativas.
Además, quiso destacar dos aspectos del nuevo Estatuto, como son las relaciones con la Unión Europea y el municipalismo. "Las relaciones con Europa se consolidan y el texto sienta los cimientos básicos y estratégicos para el futuro", apuntó antes de insistir en "la esencia" municipalista del Estatuto.
"Es un Estatuto con elementos diferenciadores, pero perfectamente compatible con la Constitución. Extremadura está a gusto con el Estado español y nos identificamos con la Constitución", remarcó antes de calificar a la comunidad autónoma como una región que "llegó tarde" pero "ha sabido aprovechar el tiempo para estar a al cabeza de España y Europa".
El presidente de la Asamblea extremeña y Bono también tuvieron oportunidad de abordar en su breve encuentro el objetivo de subsidiariedad y alerta temprana "para acercar Europa a los ciudadanos a través del Congreso, los parlamentos regionales y el municipalismo".
DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD
Ferreira estuvo hoy arropado por una amplia representación de políticos extremeños y por los diputados y senadores de la comunidad autónoma que ejercen en Madrid su labor política. A todos ellos quiso agradecerles, junto al presidente de la Junta, su intenso trabajo para sacar adelante esta reforma estatutaria.
Además, coincidió con el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, y con el portavoz de los socialistas en la Asamblea autonómica, Francisco Torres, en que la reforma del Estatuto no es una "prioridad" para los ciudadanos. Sin embargo, los tres destacaron su necesidad para "asentar los pilares del futuro".
Los representantes de PP y PSOE y también compartieron que se trata de un texto "plenamente constitucional". Monago celebró que la negociación se haya desarrollado "dejando a parte los partidismos", una "lección que tiene que aprender mucha gente en España". "Otros estatutos se ha hecho marcando diferencias, saliéndose, bordeando o retorciendo la Constitución, nosotros no", enfatizó.
Por su parte, el socialista Torres explicó que con esta reforma Extremadura no quiere compararse con ninguna comunidad ni pretende "ser diferente", sino que "pide respeto a su singularidad. "Pretendemos hacer más país desde la lealtad al Gobierno de España, a parte de nuestras particularidades fronterizas", reiteró.
LO DEFENDERÁ FERNÁNDEZ VARA
Como marca la Resolución de la Presidencia del Congreso de 16 de marzo de 1993 sobre el procedimiento para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, el debate de totalidad del texto extremeño, el 17 de noviembre, comenzará con una presentación de la propuesta por una delegación de la Asamblea de la Comunidad proponente, compuesta por un máximo de tres miembros.
En el caso de la reforma extremeña, el texto será defendido por el presidente regional, el socialista Guillermo Fernández Vara, y por los portavoces autonómicos del PP, José Antonio Monago, y del PSOE, Ignacio Sánchez Amor.
Después intervienen los Grupos Parlamentarios del Congreso para fijar su posición, por turnos que no excederán de diez minutos cada uno. Finalizado el debate, el presidente somete a votación de totalidad la propuesta y, si la misma fuese favorable, la Mesa de la Cámara acordará la apertura del plazo de presentación de enmiendas al articulado y la remisión del texto a la Comisión Constitucional, para su tramitación conforme a lo previsto en el Reglamento para los proyectos de ley orgánica.
En caso de que la votación de totalidad fuera desfavorable, supuesto harto improbable ya que la reforma llega a las Cortes Generales con el respaldo del PSOE y del PP, se entenderá rechazada la propuesta de reforma, con los efectos establecidos en los Estatutos de Autonomía.
A partir de ahí, la Comisión Constitucional aprobará un dictamen que habrá de ser elevado a Pleno del Congreso. La propuesta de reforma, como ley orgánica, requerirá mayoría absoluta para ser aprobada y pasar a continuar su tramitación en el Senado. En el supuesto de que la Cámara Alta opusiese su veto al texto remitido por el Congreso, se dará cuenta inmediata a la Asamblea de la Comunidad Autónoma, que podrá retirar la propuesta en cualquier momento de su tramitación en la Cámara.
El texto extremeño es la décima reforma estatutaria que se registra en el Congreso desde la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Seis de ellas completaron la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León), una fue rechazada en el primer debate (el llamado Plan Ibarretxe de Euskadi), otra se frustró en comisión por falta de consenso (Canarias) y la última está congelada por discrepancias entre los dos grupos mayoritarios (Castilla-La Mancha).
