López Aguilar afirma que el Gobierno "no va a modificar la Ley de Partidos ni ninguna otra ley" para acabar ETA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó hoy en el Congreso que el Gobierno "no va a modificar la Ley de Partidos ni ninguna otra ley para conducir el proceso que lleve al fin de la violencia" de la organización terrorista ETA. Recordó así "la determinación" del Ejecutivo socialista en dirigir la política antiterrorista "sin poner en marcha modificaciones de la legalidad vigente".

El titular de Justicia compareció esta mañana ante la Comisión de Justicia del Congreso, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para aclarar las informaciones que apuntan, según el PP, al encargo a los Servicios Jurídicos del Estado para que estudien la legalización de Batasuna, con el objetivo de que la organización abertzale pueda en las elecciones municipales de la próxima primavera.

López Aguilar rechazó de manera "lisa, llana y rotunda" este supuesto e insistió en que "el Gobierno cumple con su deber, aplicando la legalidad". Además, subrayó que "la ley no caminará al encuentro de quienes jalean la violencia, sino que, por el contrario, éstos serán quienes caminen hacia la ley". "El Gobierno está aplicando la ley y presenta un balance intachable de voluntad al servicio de la esperanza de acabar con la violencia de ETA", dijo.

ASTARLOA.

En su intervención, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Ignacio Astarloa, acusó al Ejecutivo socialista de "salirse de la ley de una u otro manera" para dejar a la ilegalizada Batasuna actuar "con toda tranquilidad como si fuera una fuerza política legal o un interlocutor político más" en el proceso paz en Euskadi.

El ministro le replicó que la norma legalno consiste en que "el sector abertzale nunca pueda acceder a las instituciones, sino que se trata de impedir que determinadas marcas registrales no amenacen nuestras libertades". Añadió que "el objetivo es acabar con la violencia de la banda terrorista para que la sociedad no se sienta amenazada".

Igualmente, le recordó que bajo su responsabilidad "se han puesto en marcha actuaciones de la Abogacía del Estado para personarse en diversos procesos de ilegalización de formaciones políticas que pretendían ser parte en procedimiento legales de esta legislatura". Agregó que la Abogacía del Estado elaboró informes para ilegalizar las candidaturas de Herritarren Zerrenda y Aukera Guztiak, en el marco del procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra estas formaciones.

JUICIOS DE INTENCIONES DEL PP.

El responsable de Justicia aprovechó su intervención para criticar la petición de comparecencia del PP para, a su juicio, "traer una vez más al diario de sesiones de esta Cámara frases falsas y juicios de intenciones que producen desmoralización a la fortaleza del Gobierno" para acabar con el terrorismo de ETA.

Según el ministro, "este debate no tendría que haber tenido lugar porque recuperará con toda previsibilidad juicios de intenciones, falsedades, manipulación de la realidad y demás, lo que produce un profundo perjuicio a la causa en la que todos deberíamos estar juntos".

De esta manera, insistió en que no se pronunciaría sobre "preguntas que responden a juicios de intenciones" y se refirió, en este punto, a la manifestación de Astarloa acerca de que la ilegalizada Batasuna se presentará al final a los comicios municipales de 2007 sin moverse de sus posiciones.

En su opinión, "la estrategia" del PP constituye un "pésimo servicio a la moral de la ciudadanía" por utilizar la política antiterrorista como "monotema " para crispar e enturbiar el estado de ánimo de los españoles. "Este recital de juicios de intenciones y falsedad va a regalar de nuevo el oído a los terrorista", apuntó.

En este sentido, Astarloa reprochó al ministro que "los españoles no se merecen un Gobierno que rompió el Pacto Antiterrorista, silencia que dialoga con una organizaciones terrorista y miente sobre la evolución del proceso" abierto en el País Vasco tras el alto e fuego declarado por ETA. "No les acompañamos en el pasado cuando se salieron de la legalidad ni lo haremos en el futuro", espetó.

SECRETO DEL SUMARIO.

Por otro lado, el ministro se pronunció en su comparecencia sobre la "conveniente" necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), en lo referente al secreto sumarial para evitar las "frecuentes y constantes" vulneraciones de esta normativa que, a su juicio, "producen descrédito hacia la Administración de Justicia y suscitan críticas legitimas en la ciudadanía".

El ministro especificó que la modificación de la LEC sobre este aspecto deberá centrarse en las causas que deben fundamentar el secreto de las actuaciones respecto a las partes personadas en los procesos, en que el secreto sumarial pueda dictarse a instancias del Ministerio Fiscal y las acusaciones, así como regular y precisar el plazo que transcurre desde que se levanta el secreto hasta que se dicta auto de conclusión del sumario, actualmente establecido en 10 días.

"El secreto sumarial con carácter general es una institución procesal penal que debe ser puesta en hora y el legislador no debe quedar impasible ante las deficiencias que presenta su actual regulación, que está obsoleta", añadió López Aguilar, que insistió en que el secreto de las actuaciones "ayuda a conservar el honor del acusado para evitar que se le someta a juicios paralelos".